La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció ayer, ante una comisión del Senado, con participación de diputados, para explicar la resolución que redujo de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo en el caso de la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Durante su exposición, la jerarca defendió la actuación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y aseguró que la decisión adoptada se ajustó plenamente a la normativa vigente. “No existió, y esto lo quiero decir con claridad, ningún tipo de apartamiento de las normas, y mucho menos una intención de favorecer, en algún sentido, a la doctora Inés Miralles”, afirmó.

Lustemberg también rechazó cualquier vínculo personal con la profesional involucrada y señaló que no la conoce. Asimismo, explicó que la definición final sobre el período de inhabilitación contará con la participación de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, a la que calificó como una instancia técnica, objetiva y competente para aportar las máximas garantías al proceso. Así,destacó el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión en el sistema sanitario. Lo que forma parte de los compromisos asumidos por la actual administración. En ese sentido, sostuvo que el MSP continuará impulsando acciones orientadas a mejorar la calidad asistencial y evitar situaciones que puedan afectar la seguridad de los pacientes. “Lamentablemente, hoy sí estamos lamentando este fallecimiento”, expresó al referirse al caso.

Explicaciones que no conformaron

Sin embargo, las explicaciones brindadas por la secretaria de Estado no conformaron a la oposición. La resolución ministerial ha generado fuertes cuestionamientos entre legisladores del Partido Nacional, algunos de los cuales incluso plantearon la posibilidad de solicitar la renuncia de la ministra. El senador nacionalista Martín Lema, impulsor de la convocatoria parlamentaria, manifestó su disconformidad con las respuestas recibidas y calificó la comparecencia como “decepcionante”. Según indicó, esperaba que se reconocieran errores en el procedimiento y que se anunciaran medidas concretas para brindar mayores garantías a los usuarios del sistema de salud.

Tras la sesión, Lema sostuvo que continúan existiendo interrogantes sobre las razones que llevaron a reducir la sanción originalmente prevista. “Después de un largo debate sobre el tema, siguen las interrogantes”, afirmó. El legislador señaló que aún no obtuvo una explicación satisfactoria acerca de por qué la inhabilitación para ejercer la anestesiología fue reducida de cinco a tres años, un aspecto que continuará generando debate político y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades sanitarias.