Otra vez el puerto de Montevideo quedó atrapado en un paro sorpresivo, afectando especialmente a la Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por Katoen Natie. La medida comenzó el sábado, poco después del atraque de un buque que debía cargar y descargar contenedores, y mantuvo detenida la operativa hasta las 19 horas de esa jornada. El conflicto laboral que enfrenta a la empresa con el sindicato portuario se arrastra desde el vencimiento del convenio colectivo y ya acumula más de dos decenas de jornadas con afectaciones a la atención de buques y camiones durante este año.

TCP alentará medidas si se repite esta modalidad

TCP decidió elevar el tono y anunció que, si las medidas vuelven a repetirse, adoptará acciones administrativas y judiciales para determinar responsabilidades y reclamar los daños y perjuicios ocasionados. La empresa sostiene que ha presentado propuestas, incorporado mejoras y mantenido abierta la negociación. Del otro lado, el sindicato reclama, entre otros puntos, una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.

Una irresponsable conducta con el país

El derecho de huelga es legítimo y forma parte de las garantías de cualquier sociedad democrática. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra muy distinta convertir las medidas sorpresivas en una herramienta recurrente de presión sobre una actividad estratégica para todo el país. El puerto detenido no perjudica solamente a una empresa. Golpea al comercio exterior, demora cargas, afecta a transportistas, exportadores e importadores y termina generando costos que paga toda la sociedad.

La responsabilidad del gobierno

Hay una responsabilidad que el Gobierno no esta atendiendo. Porque el Ministerio de Trabajo participa de las negociaciones, mientras que los ministerios de Economía y Transporte deben velar por el normal funcionamiento de una infraestructura esencial para la economía nacional. Así no podemos aspirar a ser un país exportador y, al mismo tiempo, aceptar con naturalidad que su principal puerta de entrada y salida de mercaderías pueda detenerse reiteradamente por decisiones tomadas caprichosamente. Si Gobierno, empresa y sindicato no encuentran una salida, será legítimo aplicar la esencialidad para proteger una actividad que no pertenece a un gremio ni a una empresa: pertenece al interés económico de todo Uruguay.