El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, a cargo del caso Conexión Ganadera, tomará declaración esta semana, como indagados, a los hijos de los socios de la empresa, Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Según el Banco Central informó a la fiscalía que Marcela Carrasco —hija de Pablo Carrasco— realizó 85 transferencias entre 2018 y 2025 por casi 16 millones de dólares, desde cuentas en Uruguay hacia el exterior y otros bancos locales. Su nombre ya había tomado estado público en enero, cuando renunció a la dirección ejecutiva de la Fundación Sophia, en medio de cuestionamientos vinculados a la situación judicial de su padre.

En paralelo, el abogado de damnificados, Juan Pablo Decia, denunció transferencias por más de 1.800.000 dólares realizadas entre el 4 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025, es decir, después de la muerte de Gustavo Basso y de la cesación de pagos de la empresa. Según el escrito, Agustina Basso y su esposo, Alfredo Rava, movieron fondos hacia cuentas vinculadas a la familia.

La defensa de las víctimas sostiene que esos montos no fueron destinados a pagar a los inversores y pide avanzar en imputaciones por lavado de activos y asociación para delinquir. La fiscalía analiza ahora los informes financieros y los movimientos entre cuentas de empresas y familiares, mientras profundiza la investigación sobre el entramado societario del grupo.

Medidas para el fondo fallido de República Ganadera

El juez de Crimen Organizado de primer turno, Fernando Isla, extendió hasta junio las medidas cautelares contra los socios de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio. Ambos seguirán con cierre de fronteras y retención de pasaporte, mientras avanza la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado. En este caso, se investigan presuntas maniobras de estafa y apropiación indebida por más de 80 millones de dólares, con unos 1.500 inversores afectados. 

Falto ganado y gran desbalance financiero

En sus declaraciones, los exdirectivos reconocieron un faltante cercano al 40% del ganado y un fuerte desbalance financiero. Sostuvieron que intentaron evitar el concurso hasta último momento, pero desde la fiscalía y las defensas de las víctimas cuestionan que se siguieran captando fondos cuando la situación ya era crítica.