El ex ministro de Defensa y actual senador Javier García defendió ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados la compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama y cuestionó los fundamentos utilizados por el gobierno para rescindir el contrato. Durante una comparecencia de cuatro horas, García afirmó que el gobierno construyó un "relato" basado en un informe de la consultora estadounidense Dun & Bradstreet (D&B), al que calificó como un simple reporte comercial que nunca integró el expediente oficial de contratación. Además, aseguró que esa empresa fue cuestionada por autoridades estadounidenses por elaborar informes engañosos sobre la capacidad crediticia de compañías.

El ex ministro sostuvo que la adjudicación se respaldó en dos informes técnicos de la Armada Nacional y remarcó que ninguna de las empresas participantes presentó recursos contra el proceso licitatorio. También afirmó que detrás del caso existen "fuertísimos intereses económicos" que durante años intentaron impedir la adquisición de las patrulleras oceánicas.

Cuestionamientos del FA

Por su parte, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo reconoció que el informe mencionado por García integra la investigación administrativa, aunque negó que hubiera sido promovido por el Frente Amplio. Señaló que la rescisión del contrato respondió a la necesidad de proteger al Estado ante la presunta presentación de documentación falsa por parte de Cardama para constituir las garantías exigidas. Además, sostuvo, que la comparecencia del ex ministro no aclaró por qué el Ministerio de Defensa modificó los criterios técnicos de la licitación entre 2022 y 2023, reduciendo de 80 a solo tres los requisitos establecidos por la Armada. Finalmente, también cuestionó las sucesivas prórrogas otorgadas para presentar las garantías, afirmando que estas terminaron siendo irregulares pese a que inicialmente se había anunciado que no habría nuevas extensiones.