El equipo económico, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, comparece este viernes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2025-2029. La iniciativa fija tres prioridades: impulsar el crecimiento con empleo de calidad, reforzar la protección social contra la pobreza y la desigualdad, y mejorar la seguridad para la convivencia. El plan prevé un aumento de 140 millones de dólares en 2026, que llegará a 240 millones hacia el final del período. Oddone reconoció la semana pasada que “las asignaciones extra son modestas”, y afirmó que cada ministerio deberá reorientar sus prioridades internas para alcanzar los objetivos. El Parlamento dispondrá de 45 días de debate en cada cámara. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, pero en Diputados ningún partido alcanza por sí solo los votos necesarios.

Malestar y reclamos llueven

Antes de que el Parlamento comience a discutir el proyecto de ley de Presupuesto, varios organismos públicos ya hicieron sentir su malestar por los recursos previstos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, cuestionó la partida destinada al Poder Judicial y advirtió que el organismo “siempre queda relegado”.  Detalló que de los 24 juzgados de género solicitados para todo el país solo se aprobaron dos, y agregó que el presupuesto judicial representa apenas el 1,09% del gasto del Gobierno Central, cuando habían pedido elevarlo al 1,40%.

La Fiscalía General también recibió menos de lo solicitado: de 19 peticiones presentadas, apenas cuatro fueron contempladas. Entre los reclamos desatendidos figura la creación de nuevas fiscalías de estafas, a pesar del aumento de denuncias en los últimos años. El presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, advirtió en que el refuerzo previsto equivale apenas al 2% del presupuesto del Ministerio Público y alertó que la falta de recursos se traducirá en más impunidad.

Desde la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), su presidenta Ana Ferraris dijo que el presupuesto le cayó “como un balde de agua fría” y consideró que contradice la promesa de campaña de “que gobierne la honestidad”. 

También hubo reparos desde la Universidad de la República. El rector Héctor Cancela sostuvo que los recursos asignados son “muy distintos” a lo solicitado. Expresó “mucha preocupación” porque, aunque algunos rubros fueron atendidos, el monto global quedó lejos de lo requerido, indicó. En la misma línea, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (Affur) sostuvo que los 350 millones de pesos anuales previstos no alcanzan y no garantizan mejoras salariales. Ayer, el sindicato se declaró en conflicto, resolvió paros zonales con ocupaciones en todo el país y anunció una concentración masiva frente a la explanada universitaria antes del 20 de setiembre.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) también se declaró en conflicto por el proyecto de Presupuesto, al que acusó de “dar la espalda a las necesidades” de la Universidad de la República.

Desde presidencia se aclaró: “Se priorizan sectores vulnerables

Frente a estos reclamos, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, defendió el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y aseguró que está pensado para priorizar a los sectores más vulnerables, en particular la infancia y la adolescencia. Reconoció que hubo diferencias entre lo solicitado por los organismos del Estado y lo asignado, pero remarcó que la elaboración presupuestal exige definir prioridades dentro de una “sábana corta”. También subrayó que se busca mantener responsabilidad fiscal y que los nuevos impuestos recaerán en sectores de mayor poder adquisitivo.