La Fiscalía inició una investigación penal sobre la actuación de funcionarios policiales durante la Operación Trazador, luego de recibir varias denuncias anónimas relacionadas con la filmación y posterior difusión de imágenes de la vivienda de Pablo Leiva, condenado por lavado de activos en el marco de un operativo que permitió incautar más de 260 kilos de pasta base. El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, deberá determinar si existieron conductas delictivas.

Las denuncias apuntan al director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa, a quien se atribuye haber filmado la vivienda de Leiva después de finalizado el procedimiento policial. Las imágenes fueron difundidas por el periodista  Eduardo Preve, mostrando distintos sectores de la casa, acompañados por una voz que describía el lugar. Posteriormente, Leiva y su hijo recibieron amenazas de integrantes de la organización criminal. La investigación buscará establecer las circunstancias de la grabación y su divulgación.

Durante comparecencia parlamentaria, el diputado Pablo Abdala (P.N.) reclamó el apartamiento de Correa mientras se investiga lo ocurrido. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Negro, defendió la trayectoria del jerarca y sostuvo que no existen fundamentos suficientes para relevarlo antes de conocer los resultados de las investigaciones. El secretario de Estado reconoció que hubo dos filmaciones diferentes y aseguró que adoptará medidas si se comprueban responsabilidades. La oposición no descartó volver a convocarlo al Parlamento e incluso promover una interpelación.