El presidente Yamandú Orsi anunció que el gobierno uruguayo iniciará acciones para rescindir el contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama, tras detectar “fuertes indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo”. Además, se investigará si hubo complicidad de funcionarios públicos en las irregularidades.

El mandatario comunicó la decisión en una conferencia en Torre Ejecutiva, acompañado por el secretario y el prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz. Orsi firmó la resolución para rescindir el contrato y ejecutar la garantía, equivalente al 5% del monto total del acuerdo —unos 90 millones de dólares— sellado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El convenio, entre el Ministerio de Defensa y Cardama, preveía la construcción de dos patrullas oceánicas por unos 82 millones de euros, a pagarse por etapas según los avances de obra. Sin embargo, la empresa presentó demoras y garantías insuficientes.

Cardama debía entregar una garantía 45 días después de la firma, pero solicitó prórrogas durante casi un año, presentando avales que el Banco Central rechazó. Finalmente, ofreció una garantía de la empresa británica Eurocommerce, entregada fuera de plazo, sin apostilla y sin acreditar representación válida. El gobierno anterior aceptó que esa garantía tuviera una duración de solo un año, renovable antes de su vencimiento.

El 22 de setiembre pasado se cumplió el plazo, sin que el Ministerio de Defensa recibiera constancia de renovación. Por ello, Orsi instruyó al embajador uruguayo en Londres a verificar el aval. El diplomático constató que en la dirección de Eurocommerce no funcionaba la empresa, sino una inmobiliaria.

Un informe posterior, elaborado por un estudio jurídico británico, reveló que Eurocommerce está en liquidación por inactividad, con un solo empleado y un único director ruso. Díaz señaló que “todo indica que se trata de una empresa de papel” y cuestionó el mecanismo de pagos, realizado a través de una cuenta en euros del Banco República y otra en Madrid, “poco habitual en la administración pública”.

Sánchez calificó los hechos de “muy graves” y confirmó que se investiga si hubo responsabilidades de funcionarios. Recordó que el Estado ya transfirió cerca de 30 millones de dólares y que técnicos de la Armada se encuentran en España verificando los avances. Los buques, de 86 metros y 1.700 toneladas, debían entregarse en 2026.

Desde astillero Cardama sostienen que el aval renovado esta vigente

Desde Vigo, el dueño del astillero, Mario Cardama, sostuvo que el aval fue renovado “dentro de los plazos” y atribuyó el problema a un “error administrativo” por no haber enviado la documentación. Negó irregularidades y afirmó que las obras “siguen su curso normal”, mencionando una segunda garantía de ocho millones de euros del Deutsche Bank.

Garcia” maniobra politica de la peor especie”

El exministro de Defensa Javier García calificó la medida como “una maniobra política de la peor especie” y advirtió que podría exponer a Uruguay a demandas internacionales. Por su parte, la Comisión de Defensa Nacional de Diputados se reunirá para analizar el caso. Su presidente, Gabriel Gianoli (PN), destacó que será la Justicia quien determine responsabilidades, subrayando que “en Uruguay las cosas se dirimen donde corresponde”. Agregó que hace pocos meses, la titular de Defensa, informó que la construcción de las patrulleras presentaban un buen avance, mostrándose sorprendido por esta decisión, de la que tomaron conocimiento por los medios de prensa.