El presidente Yamandú Orsi salió al cruce de la polémica generada en torno a una eventual estatización del sistema previsional y aseguró que el gobierno no tiene intención de eliminar ni estatizar las AFAP. La aclaración se produjo tras la reunión del Consejo de Ministros, donde el Poder Ejecutivo analizó el documento final del denominado Diálogo Social, concebido como hoja de ruta para futuras reformas en materia de protección social.

Acompañado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, el mandatario destacó que el texto recoge aportes de diversos actores políticos, sociales y académicos, aunque reconoció que contiene acuerdos y también matices. En ese marco, insistió en que no existe ninguna propuesta dentro del documento que implique la desaparición de las AFAP, subrayando que ese punto debía quedar “claramente establecido” para evitar interpretaciones erróneas.

En la misma línea, Oddone reafirmó que el sistema previsional uruguayo continuará sustentándose en tres pilares, entre ellos el régimen de ahorro individual administrado por las AFAP. No obstante, advirtió que las lecturas alarmistas pueden generar incertidumbre y afectar el costo de financiamiento del país, por lo que llamó a analizar el documento con cautela.

Cambios propuestos en el sistema previsional

Más allá de las aclaraciones oficiales, el documento del Diálogo Social introduce modificaciones relevantes. En particular, propone un rediseño del rol de las AFAP: las cuentas individuales pasarían a ser gestionadas por un organismo público centralizado, mientras que las administradoras privadas mantendrían la tarea de invertir los fondos en un esquema de competencia. Según el gobierno, este modelo permitiría reducir costos y mejorar la rentabilidad sin eliminar el sistema vigente.

Otro aspecto central es la edad de retiro. La propuesta mantiene los 65 años como referencia, pero habilita la jubilación anticipada a partir de los 60, incorporando incentivos para quienes opten por permanecer más tiempo en actividad. Además, se contempla un suplemento para trabajadores de menores ingresos, con el objetivo de asegurar prestaciones que no queden por debajo del régimen anterior.

El documento también amplía el enfoque hacia otras áreas de la protección social. En materia de infancia, se plantea la unificación de transferencias para hogares vulnerables. En cuanto al sistema de cuidados, se propone extender su cobertura, mientras que en el ámbito laboral se sugiere crear un seguro por cese de actividad destinado a monotributistas y empresas unipersonales. Parte de estas iniciativas serán incluidas en la próxima Rendición de Cuentas, mientras que otras se enviarán al Parlamento en el segundo semestre, donde deberán ser discutidas y eventualmente aprobadas.

Críticas del sector empresarial

Sin embargo, el proceso no logró consenso pleno. Las cámaras empresariales que participaron del Diálogo Social decidieron no acompañar el documento final. Si bien reconocieron haber participado con actitud constructiva y con aportes técnicos, señalaron que el resultado no refleja adecuadamente sus planteos. En particular, cuestionaron la falta de equilibrio en el proceso y la ausencia de reglas claras que garanticen una consideración efectiva de todas las posiciones. Aunque coincidieron en la necesidad de atender problemáticas como la pobreza infantil, el sistema de cuidados y la inclusión de personas con discapacidad, advirtieron que las propuestas carecen de un análisis suficiente sobre costos, financiamiento y sostenibilidad.