El senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para prevenir, detectar y sancionar conflictos de interés en todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), tanto públicas como privadas. 

La iniciativa se basa en la crítica situación del Casmu, con el objetivo es evitar que quienes administran recursos públicos (las cápitas del Fondo Nacional de Salud, FONASA) tengan intereses económicos contrapuestos con los de los usuarios. Se apunta así que directores, administradores, gerentes y otros responsables no podrán tener intereses económicos, directa o indirectamente, con proveedores, una restricción que también alcanzaría a sus familiares y entidades vinculadas.  Todo, con la obligación de presentar declaraciones juradas de intereses y abstenerse de participar en decisiones relacionadas con eventuales incompatibilidades. 

La propuesta indica que la violación del régimen de incompatibilidades constituirá el delito de conjunción del interés personal y público, tanto en la órbita estatal como privado.

Todo lo que alcanzaría hasta a los proveedores que otorguen beneficios indebidos. El proyecto también apunta a la situación de médicos que ejercen funciones directivas y simultáneamente realizan actividad asistencial remunerada en la misma institución o entidades vinculadas, así como casos de autorreferencia de pacientes sin justificación clínica. Todo quedaría bajo el control de una Junta de Idoneidad y Trasparencia en Salud a conformar.