El plenario del Senado discutirá hoy el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios, que se alienta por el oficialismo. Si bien el Frente Amplio (FA) tiene mayoría, el proyecto de ser aprobado, deberá volver a ser tratado en la Cámara de Diputados, donde la mayoría es de la oposición, por lo que la situación obliga a llegar a un acuerdo, que hasta ahora, no se ha logrado, pese a algunos avances.

La propuesta del gobierno

La iniciativa prevé una recaudación de US$ 164 millones anuales. El 44% de esa cifra saldría del incremento a 22,5% de la tasa de aportes de los afiliados activos a la caja, el 27% surgiría de la creación de una "prestación pecuniaria" de los pasivos – de 8% en promedio- y el 33% serían "aportes de la sociedad", a través de Rentas Generales y el pago de los timbres profesionales.

Ante la señalada situación, el FA puso sobre la mesa una fórmula alternativa, que implica cierta reducción en el incremento de la tasa de aportes de los activos y en la “contribución” de los pasivos. Versión que se acerca más a lo que establecía el proyecto que impulsó sin éxito en 2023 el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Brenta reconoció la necesidad de lograr consenso

Hablando con la prensa, el senador frenteamplista Eduardo Brenta reconoció la necesidad de un consenso político para asegurar el futuro de la Caja de Profesionales que, según advirtieron sus autoridades, no podrá hacer frente a sus obligaciones a partir del mes que viene. Se entiende, que como “tercera cámara”, Diputados sólo podrá aprobar o rechazar lo que ahora sancione el Senado.  La bancada de la oposición en la cámara baja ya anunció que no está dispuesta a refrendar ninguna modificación sustancial a lo que allí se impulsó, y que pone en el Estado el peso de la estructura financiera para salvar a la caja. 

Lo que podría pasar hoy…

Formalmente, la coalición republicana impulsará hoy en el Senado el proyecto que se aprobó en Diputados. Si bien son varios los sectores opositores que están dispuestos a apoyar en algún grado el incremento de aportes a los activos, la coalición aparece dividida en torno a los aportes que deberían hacer los pasivos. En ese sentido, se pedirá desglosar ese capítulo para discutirlo en otro proyecto de ley. 

Un escenario inédito

La situación plantea un escenario inédito desde el retorno a la democracia. Si el proyecto fracasa en la cámara baja, deberá ir a la Asamblea General. Allí nadie cuenta con los 87 votos exigidos por la Constitución para imponer su postura. El fracaso dejará sin financiamiento a la caja, y hará inevitable la aplicación del artículo 67 de la carta magna, que obliga al Estado a garantizar el pago de jubilaciones y pensiones. Eso a su vez abrirá un nuevo debate, dado que el Poder Ejecutivo deberá formalmente pedir autorización para eso al Parlamento.