Dos operadores penitenciarios que se desempeñaban en la Cárcel de Durazno fueron imputados por ingresar a ese centro celulares y cargadores que luego eran vendidos a los presos. Se trata de una mujer de 35 años y un hombre de 33, que además le avisaba a los reclusos los momentos en que se iban a realizar requisas en el lugar. 

La Justicia los imputó por reiterados delitos de cohecho calificado y deberán cumplir una pena de 12 meses de prisión en libertad a prueba, junto a una multa de 50 unidades reajustables y la inhabilitación por dos años para el ejercicio de cualquier cargo público.