Cuatro personas fueron formalizadas en Montevideo y deberán cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad y vivían en hogares del Estado. La Fiscalía y la Policía llevaron adelante la denominada Operación Tridente, una investigación que permitió desarticular una red presuntamente dedicada a la explotación sexual de adolescentes en situación de vulnerabilidad, que se encontraban institucionalizadas en hogares del Estado. La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y un delito vinculado a la criminalidad organizada. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5.º turno, con la participación de tres unidades policiales especializadas.

CUATRO PERSONAS FORMALIZADAS

Como resultado de las actuaciones judiciales, cuatro personas fueron formalizadas por distintos delitos vinculados a la trata de personas, la explotación sexual y el contacto con menores de edad con fines sexuales. De acuerdo con la información difundida, a los investigados se les atribuyen, según cada caso, delitos de trata de personas, asociación para delinquir, divulgación de imágenes íntimas, difusión de material pornográfico de adolescentes y utilización de tecnologías para contactar a menores con fines de cometer delitos contra su integridad sexual. A uno de los formalizados también se le atribuyen delitos relacionados con la retribución o promesa de retribución a menores de edad por la realización de actos sexuales y la revelación de secretos. Las imputaciones son diferentes para cada persona, de acuerdo con la presunta participación que la investigación les atribuye.

VIOLENCIA, MANIPULACIÓN Y TECNOLOGÍA

La Operación Tridente permitió conocer una situación en la que, según la investigación, se combinaron la violencia, la manipulación, las adicciones y el uso de la tecnología para perjudicar a adolescentes que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger a niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando dependen de instituciones estatales para recibir cuidado y protección. La vulnerabilidad de las víctimas hace necesario que las instituciones actúen de manera coordinada y que existan mecanismos para detectar posibles situaciones de explotación y evitar que continúen.

PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Tras la instancia judicial, se dispuso que las cuatro personas formalizadas cumplan 180 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación. La Fiscalía destacó también el trabajo de su Unidad de Víctimas, que participó en la coordinación con otras instituciones para brindar una protección integral a las personas afectadas y resguardar su integridad.

LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, UNA PRIORIDAD

La investigación fue encabezada por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno, junto con el Departamento de Investigación de Delitos Especiales (DIDE), el área de Personas Ausentes y la Dirección de Investigación de Delitos Sexuales (DIDES).