El senador colorado Gabriel Gúr­mendez manifestó su firme oposición a acompañar el proyecto de ley interpretativa de la Constitución que promueve el Frente Amplio, con el objetivo de contemplar la situación de los ciudadanos extranjeros y el reconocimiento de determinados derechos políticos. A su juicio, la iniciativa pretende modificar por vía legislativa disposiciones constitucionales que solamente pueden cambiarse mediante los mecanismos previstos en la propia Carta Magna y con el voto popular.

Gúr­mendez cuestionó especialmente el contenido de los dos artículos del proyecto. Sostuvo que, en el primero, se intenta interpretar la Constitución atribuyéndole un alcance que, según entiende, no surge de su texto, mientras que el segundo introduce una contradicción directa con lo que establece expresamente la norma constitucional.

¿Cual es el verdadero objetivo de la propuesta?

Pero sus reparos van más allá de la discusión jurídica. El legislador puso sobre la mesa una cuestión que considera central: cuál es el verdadero objetivo de esta iniciativa y qué beneficios concretos se pretende conceder a quienes llegan desde otros países. En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que toda esta construcción político-jurídica termine facilitando la expedición de pasaportes uruguayos a extranjeros que, en muchos casos, no tendrían como principal propósito establecerse definitivamente en Uruguay, sino obtener un documento que les permita acceder a ventajas y posibilidades en el exterior.

La discusión involucra concretamente a colectivos de inmigrantes cubanos y de otros países latinoamericanos que vienen impulsando planteos relacionados con el reconocimiento de su condición de ciudadanos uruguayos y el acceso a la documentación nacional.

La advertencia del senador introduce un debate que trasciende las diferencias partidarias: los alcances de la ciudadanía, los derechos de los extranjeros y la utilización de la nacionalidad uruguaya a efectos documentales.

Gúr­mendez fue categórico al fijar su posición: no está dispuesto a acompañar la iniciativa. Considera que no corresponde forzar interpretaciones constitucionales para alcanzar objetivos que, por su naturaleza, requieren una reforma de la Constitución.

Su argumento final no deja lugar a dudas: “La Constitución en el Uruguay solamente se modifica con el voto popular”, afirmó, marcando distancia de una propuesta que considera jurídicamente improcedente y políticamente inconveniente.