En un país que históricamente se enorgullece de su educación pública, la realidad de los últimos meses muestra una tensión cada vez más evidente: mientras se cierran grupos, se reducen opciones formativas y se recortan recursos esenciales, el Estado sigue destinando cuantiosos fondos para sostener estructuras deficitarias como la Caja Militar o la Caja Profesional. ¿Cómo explicar que en un Uruguay que se promociona como “república de la enseñanza”, la educación sea nuevamente el sector sacrificable?