Cuando un comerciante piensa en contratar a alguien, primero mira si le da la caja. El productor hace números antes de invertir en maquinaria,
genética o hacer alguna mejora. Un profesional calcula cuánto le queda después de pagar sus costos. Y el empleado sabe que del sueldo nominal
gran parte queda en el camino antes de llegar al bolsillo. Es usual escuchar hablar del gasto público como si fuera una cifra enorme y lejana, de esas que solo entienden los economistas.

El otro díaescuché a a Ignacio Munyo, de CERES, proponer acercarla con una cuenta sencilla: dividir el gasto del Estado entre la cantidad de habitantes. Según su análisis, el gasto público anual por persona pasó de unos 159.000 pesos, hace 25 años, a unos 317.000 hoy, a valores actuales. Si lo llevamos a gasto mensual, el gasto del Estado pasó de unos 13.250 a más de 26.400 pesos por habitante por mes. Esto no quiere decir que cada uno pague esa suma ni que le llegue una factura por ese monto, está claro. Es un promedio que sirve para dimensionar cuánta plata se gasta en nombre de todos. La pregunta que surge hacerse es natural ¿qué recibimos a cambio?

Para mirar en qué se gasta, CERES separa las funciones del Estado en tres grupos; esencial, básico y complementario. El gasto esencial incluye
tareas que hacen a su razón de ser: seguridad, Justicia, defensa, cumplimiento de las leyes y representación internacional. El gasto básico
comprende áreas como salud, educación y vivienda. El complementario reúne otros programas y funciones que, sin ser propias del Estado, se han ido incorporando sin mucha revisión ni sin ponerse a pensar si realmente tiene sentido que los haga el Estado, como el Portland de Ancap, el dragado del puerto, etc.

En los últimos 25 años, el gasto real por habitante en funciones esenciales aumentó 40%; en las básicas, 170%; y en las complementarias,
casi un 300%. Este último grupo ya representa más del 28% del gasto público. Las preguntas que pocos se hacen aunque sencillas son: ¿qué
problema resuelve cada programa?, ¿lo resuelve bien?, ¿vale lo que cuesta? Hay una cuestión que vale la pena decir aunque parezca elemental: el Estado no genera el dinero que gasta ni crea por sí mismo la “riqueza” que después administra. Sus recursos salen de lo que producen, ganan y pagan las personas y las empresas: del IRPF del trabajador, del IASS del jubilado,del IRAE de una empresa y todo el universo de los demás impuestos y aportes. Y cuando el Estado se endeuda porque con los impuestos no le da, la cuenta tampoco desaparece: se patea para adelante.
Esto no es una discusión abstracta. Para el comerciante, los costos y los impuestos pesan cuando decide abrir, invertir o contratar. Para el productor, cuentan al evaluar si hace determinada inversión. Para el profesional, influyen en cuánto puede cobrar y conservar. Para el empleado, importan en el sueldo que recibe y en las oportunidades de trabajo que aparecen. No todo gasto se convierte directamente en un impuesto individual, pero cada peso público tiene un costo y sale de algún lado.

Por eso, hablar de crecimiento es hablar de la vida diaria, aunque no lo parezca. Más empresas que abren, más inversión y más producción pueden traducirse en más trabajo y mejores ingresos. La actividad privada genera bienes, servicios y “riqueza”; una parte de lo que genera vuelve a financiar la seguridad, la educación, la salud y otros servicios que necesitamos. Si la economía crece poco, las opciones se achican: cobrar más impuestos, endeudarse o postergar necesidades.

No se trata de querer un Estado ausente. Se trata de que haga bien lo que solo él puede hacer, cuide las prioridades y revise lo que se sigue
haciendo por inercia. Si el gasto por habitante casi se duplicó en 25 años, no alcanza con discutir cuánto más queremos gastar. También hay que
preguntarse qué recibe cada persona por ese dinero.