Los informes se repiten año tras año, pero las cárceles siguen con hacinamiento, violencia y pocas oportunidades de rehabilitación. La Asamblea General designó esta semana a Daniel Radío como nuevo Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario. La votación contó con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos y, una vez que preste juramento ante la Cámara de Senadores, comenzará una nueva etapa al frente de un organismo que tiene una tarea muy importante.

El Comisionado Parlamentario debe controlar la situación de las cárceles, asesorar al Parlamento, supervisar el funcionamiento del sistema penitenciario y denunciar cuando no se respetan los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Además, cada año presenta informes detallando la realidad de las cárceles uruguayas y propone medidas para mejorarla.

Sobre el papel, la función parece imprescindible. Sin embargo, la realidad lleva a formular una pregunta que muchos ciudadanos seguramente también se hacen: ¿de qué sirve elaborar informes si los problemas siguen siendo exactamente los mismos?

Desde hace años escuchamos los mismos diagnósticos. Cárceles superpobladas, hacinamiento, falta de funcionarios, escasa atención médica, violencia permanente y sectores donde el control muchas veces no parece estar en manos del Estado. También se han conocido casos de organizaciones criminales que continúan operando desde el interior de algunos establecimientos penitenciarios.

Nada de esto es nuevo. Son situaciones denunciadas una y otra vez por jueces, fiscales, abogados, policías, operadores penitenciarios y por los propios comisionados parlamentarios que ocuparon el cargo en los últimos años.

Entonces surge otra interrogante. Si los informes son tan claros y las recomendaciones se presentan año tras año, ¿qué ocurre después? ¿El Parlamento no les presta atención? ¿El Poder Ejecutivo no aplica las soluciones? ¿O simplemente faltan decisiones políticas para enfrentar un problema que todos reconocen, pero que pocos logran cambiar? Porque los diagnósticos, por sí solos, no transforman la realidad.

Mantener la oficina del Comisionado Parlamentario implica una inversión importante para el Estado. Existe un presupuesto para el funcionamiento del organismo y un salario acorde a la responsabilidad del cargo. Por eso resulta legítimo que la ciudadanía quiera saber si ese dinero termina reflejándose en mejoras concretas para el sistema penitenciario. No alcanza con presentar un buen informe si después todo continúa igual.

También es cierto que el Comisionado no tiene poder para ejecutar políticas públicas. Su función es controlar, advertir y recomendar. Las decisiones finales corresponden al gobierno y al Parlamento. Pero justamente ahí aparece el verdadero desafío: que esos informes no terminen archivados en un escritorio sin generar cambios reales.

Mientras tanto, la población carcelaria continúa creciendo y los problemas se repiten. El propio nombre del organismo encargado de las cárceles cambió hace algunos años y pasó a llamarse Instituto Nacional de Rehabilitación. Sin embargo, la rehabilitación sigue siendo una meta difícil de alcanzar cuando predominan el hacinamiento, la violencia y la falta de oportunidades para quienes algún día volverán a vivir en sociedad.

Nadie discute que quien comete un delito debe cumplir la condena que establece la Justicia. La prisión forma parte del sistema penal. Pero perder la libertad no significa perder todos los derechos. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas, seguridad, atención médica y verdaderas oportunidades de rehabilitación.

Si una persona sale de la cárcel más violenta o más vinculada al delito de lo que ingresó, el fracaso no es solo del preso. También es del sistema. Y las consecuencias terminan afectando a toda la sociedad.

La llegada de Daniel Radío puede abrir una nueva etapa. Ojalá sus informes, su experiencia y sus propuestas encuentren eco en quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Porque Uruguay no necesita únicamente nuevos diagnósticos. Necesita resultados.

El verdadero éxito del nuevo Comisionado no se medirá por la cantidad de informes que presente, sino por los cambios que esos informes logren impulsar. Si dentro de algunos años seguimos hablando de las mismas cárceles súper pobladas, de la misma violencia y de las mismas carencias, entonces  seguiremos preguntándonos. ¿de qué sirve tener un Comisionado Parlamentario si nada cambia?