Documento de la ATD destaca titulación en Primera Infancia
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Por el Lic. Fabián Bochia
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fbochia@laprensa.com.uy

Es propósito de este Consejo de Formación en Educación el avance hacia las lógicas y culturas que requiere la Universidad Nacional de la Educación pública (UNED) que garantizará la educación como un derecho fundamental y avanzará en la democratización de la educación superior.
En este marco se prevé la creación de Institutos, Departamentos y Unidades de Apoyo a las funciones universitarias que coordinen la enseñanza, la didáctica y práctica pre profesional, la extensión, la investigación y la gestión académica, tanto para la formación de grado, de posgrados y formación permanente, consolidando la necesaria estructura académica y la articulación de las funciones universitarias. El inicio de la gestión debe asumir la situación de partida para avanzar en los diversos aspectos que demanda la Formación en Educación.
En este sentido, la política educativa incluye a lo curricular como una de sus dimensiones estructurantes a través de planes, programas, reglamentos de pasaje de grado, entre otros. Si bien sus materializaciones son una de las más relevantes no son las únicas instancias de lo curricular. De acuerdo al análisis del escenario actual, la política curricular será abordada con prioridad en el inicio de esta gestión, sin desconocer otras problemáticas de la vida cotidiana de estudiantes, docentes y funcionarios. La política educativa no se agota en la política curricular sino que encuentra allí un punto nodal en el diálogo entre los distintos actores vinculados al campo educativo en general y a la Formación en Educación en particular.
Entre los años 2005 y 2024 es posible identificar tres ciclos de revisión y diseño curricular de distinta naturaleza en el ámbito de la Formación en Educación: instalación de una lógica sistémica, diversificación y avance hacia lógicas y culturas universitarias, regresión y cambio centralizado. El primer movimiento implicó la instalación del Sistema Nacional de Formación Docente y la concreción del Plan 2008 que supuso un gran avance frente a la fragmentación curricular existente. Todas las carreras ofrecidas incorporan un marco y un núcleo formativo común. En este plan se instauró la organización académico institucional que permitió implementar la departamentalización académica (integraba las funciones de docencia, extensión e investigación) y las coordinaciones académicas nacionales. Además de la formación de grado también se previó en este documento la formación de postgrado. Cabe decir que los procedimientos utilizados para su diseño instituyeron los principios de participación y autonomía profesional. Constituyó el primer ensayo de cogobierno integrando representantes de los docentes, estudiantes, egresados y funcionarios. Un segundo movimiento de la Formación en Educación incorpora a la carrera de Educador Social en 2011. Esto implica simbólicamente la apertura desde el campo de la educación restringido a las instituciones de educación formal hacia el campo socioeducativo.
En ese mismo período es posible identificar también un proceso de acumulativo de construcción de lógicas y culturas universitarias, base sustantiva para el desarrollo progresivo de la investigación y de la extensión (de forma más incipiente) y fundamentalmente para el desarrollo de un proceso participativo de diseño curricular dando lugar a los planes 2011 de Educador Social, 2017 de Maestro en Primera Infancia y Maestro y Maestro Técnico. Los planes de profesorado, maestro de primaria y educador social quedaron en 2019 pendientes de aprobación por parte del CODICEN. Se concretó una propuesta de Licenciatura en Psicopedagogía conjunta con la Universidad de la República que no fue finalmente implementada. Este período evidencia importantes avances así como problemas en la concreción de los cambios curriculares fruto de procesos participativos. El último movimiento de la política curricular de la Formación en Educación tiene un fuerte carácter regresivo en cuanto al desmantelamiento de la estructura académica del CFE, que había quedado aprobada por el CODICEN en el capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente, así como la instalación de mecanismos de decisión contrarios a las lógicas de participación de docentes y de estructuras técnicas.
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