En los últimos días se sumó una perla más a la ya lamentable y extendida costumbre de despilfarrar dineros públicos. Esta vez, el episodio tuvo como escenario a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, cuyo directorio resolvió, en una decisión tan cuestionable como ilegal, asignarse una partida mensual de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) para cada uno de sus integrantes. Traducido a números concretos, unos 131.500 pesos uruguayos por cabeza, en cargos que la ley establece de manera expresa como honorarios.

No se trata de un error administrativo ni de una interpretación ingenua de la normativa. La resolución fue votada por mayoría, incluyendo a los dos delegados designados por la Presidencia de la República, lo que deja al descubierto una realidad incómoda: cuando Don Dinero entra en escena, muchos principios, normas y discursos se vuelven sorprendentemente flexibles.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios fue creada en 1954, mediante la Ley N.º 13.080, con el objetivo de brindar un marco previsional a los profesionales universitarios que ejercen de forma independiente o autónoma. Desde entonces, la remuneración de sus directores estuvo regulada de distintas maneras, pero siempre dentro de límites claros. En particular, se estableció que las retribuciones por todo concepto los integrantes de órganos directivos de personas públicas no estatales no pueden superar, en ningún caso, las de un sub secretario de Estado. Más aún: en este caso concreto, los cargos son honorarios, algo que el directorio decidió “olvidar” con notable liviandad.

El problema de fondo excede largamente a esta resolución puntual. Vivimos tiempos en los que el trabajo honorario, aun cuando implique responsabilidades y reconocimiento social, tiene cada vez menos adeptos. Acceder a un cargo sin sueldo parece, para muchos, una anomalía que debe ser corregida cuanto antes. Siempre se “arregla” algo, siempre aparece una compensación, una partida, un viático generoso que, en los hechos, termina siendo un salario encubierto.

El ejemplo de los ediles es ilustrativo. Por ley, se trata de un cargo honorario, ligado históricamente a la vocación de servicio. Sin embargo, en la práctica, en casi todos los departamentos existen retribuciones que desnaturalizan ese espíritu original. Y cuando la política entra en juego, el consenso para oponerse suele diluirse rápidamente. Total, el dinero no sale del bolsillo de los involucrados, sino del eterno y silencioso Juan Pueblo, que aporta sin voz ni voto.

Como era de esperar, el escándalo desató una fuerte polémica. Aparecieron informes, opiniones encontradas y hasta algún dictamen jurídico dispuesto a justificar lo injustificable. Porque, como suele decirse, siempre hay dos bibliotecas. Sin embargo, más allá de los vericuetos legales que algunos intenten esgrimir, aquí hay una aberración ética y moral difícil de disimular.

La repercusión pública ya tuvo consecuencias: los representantes designados por la Presidencia renunciaron antes de que se formalizara su destitución, y es probable que otros sigan el mismo camino. Quedarán, seguramente, quienes se opusieron desde el inicio a la medida y quienes, por conveniencia o convicción, intenten resistir el vendaval.

Pero el daño ya está hecho. La Caja de Profesionales arrastra desde hace años una situación financiera crítica, producto de malas administraciones, “avivadas” de gerentes y directores, y remuneraciones que en su momento llegaron a superar incluso las del presidente de la República. Este nuevo episodio no hace más que confirmar una triste verdad: con conductas de este tipo, no hay sistema previsional que resista. Sin ética, sin respeto por la ley y sin auténtica vocación de servicio, cualquier institución está condenada al descrédito y, tarde o temprano, al colapso.