En tiempos en que el país reclama mayor eficiencia de sus empresas públicas, resulta difícil comprender cómo se deja escapar una oportunidad de negocios que hubiera significado ingresos millonarios para ANCAP. Mientras el aeropuerto internacional de Ezeiza atraviesa obras de ampliación que obligan a numerosas aerolíneas a reabastecer combustible en aeropuertos alternativos de la región, Uruguay tenía una posibilidad inmejorable para transformarse en un proveedor estratégico. Sin embargo, esa oportunidad terminó diluyéndose.

El motivo no fue la falta de capacidad técnica, ni la ausencia de infraestructura. Tampoco una decisión comercial de las compañías aéreas. La oportunidad se perdió, según ha trascendido, por las exigencias del sindicato de ANCAP, que colocó condiciones laborales y reclamos corporativos por encima de una operación que hubiera generado importantes recursos para la empresa pública y, en definitiva, para todos los uruguayos.

Es legítimo que los trabajadores defiendan sus derechos. Pero existe una diferencia sustancial entre proteger conquistas laborales y bloquear oportunidades que fortalecen la viabilidad económica de la empresa que les da trabajo. Cuando la defensa de intereses sectoriales termina perjudicando el interés general, corresponde preguntarse si no se ha cruzado una línea peligrosa.

ANCAP no atraviesa precisamente un período de abundancia. La empresa necesita mejorar sus resultados, recuperar competitividad y demostrar que puede aprovechar las oportunidades del mercado. Cada negocio perdido significa menos ingresos, menor capacidad de inversión y, eventualmente, mayores dificultades para sostener su funcionamiento sin afectar las finanzas públicas.

Paradójicamente, quienes con frecuencia reclaman mayor inversión, mejores salarios y más recursos para la empresa son los mismos que, en determinadas circunstancias, contribuyen a frustrar operaciones que permitirían generar esos ingresos. La contradicción es evidente.

Más grave aún es el mensaje que se transmite al exterior. Las compañías internacionales buscan proveedores confiables, capaces de responder con rapidez y sin incertidumbres. Cuando un negocio puede fracasar por conflictos internos o por condiciones impuestas fuera de toda lógica comercial, la imagen del país también se deteriora. La confianza, una vez perdida, cuesta mucho recuperarla.
Uruguay necesita empresas públicas modernas, eficientes y orientadas a resultados. El sindicalismo también debe adaptarse a esa realidad. Defender derechos no puede convertirse en un veto permanente a toda iniciativa que implique cambios, flexibilidad o mayores exigencias operativas. El mundo compite minuto a minuto, y los negocios no esperan a que se resuelvan disputas internas.

Lamentablemente, juzgamos en el acierto o error, que el sindicalismo uruguayo parecer vivir en otro planeta. Lejos de toda lógica y sumergidos en la irracionalidad, a los cuales, parecería apostar a cuanto peor mejor. Ejemplos como esté de Ancap o del Sindicato del Puerto de Montevideo, son claros ejemplos de que el interés nacional poco les importa. Practicando una ideología que de progresista y solidaria nada tienen. Porque la falta de sentido común y el inmovilismo vence a la oportunidad y la factura siempre termina pagándola toda la sociedad.