El Estado asiste, pero no emancipa. Multiplica programas, pero no oportunidades. Lo que nació como una red de contención frente a emergencias sociales terminó, con el paso del tiempo, convirtiéndose en una estructura que administra la dependencia. No se trata de negar la necesidad de la ayuda estatal, sino de advertir que, cuando esa ayuda deja de ser transitoria y se vuelve permanente, el resultado no es inclusión, sino estancamiento.

En muchos países, incluido Uruguay, no es la excepción, el asistencialismo se ha transformado en el opio moderno de la política. Promete alivio inmediato, calma la urgencia y construye un relato de sensibilidad social. Pero en el largo plazo produce dependencia. Cada plan, cada subsidio y cada tarjeta social se presentan como una “mano tendida”, cuando en la práctica terminan funcionando como una jaula invisible que condena a miles de personas a una vida de espera, resignación y baja expectativa.

El problema no es la asistencia en sí misma. Todo Estado civilizado debe contar con mecanismos para ayudar a quien atraviesa una situación crítica. El error aparece cuando la ayuda deja de ser un puente hacia la autonomía y se convierte en un sistema en sí mismo. Así se erosionan la iniciativa personal, la autoestima y el sentido de responsabilidad. 

En Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social nació con una intención atendible: coordinar políticas de apoyo y atender a quienes habían quedado al margen del sistema. Dos décadas después, los resultados obligan a una evaluación honesta. La pobreza estructural persiste, la indigencia no ha sido erradicada y la población en situación de calle no deja de crecer. Situaciones que exponen, con crudeza, los límites de un modelo que administra la urgencia pero no transforma la realidad.

El presupuesto del MIDES crece año tras año, su estructura se expande y su alcance se amplía. Sin embargo, los indicadores de fondo no mejoran. Durante años se han gestionado programas que, lejos de promover la autonomía, consolidan la dependencia. Familias enteras viven pendientes de una transferencia estatal, sin exigencias claras ni contrapartidas que apunten a la capacitación, la inserción laboral o la superación personal. La vulnerabilidad se vuelve, paradójicamente, el requisito para seguir recibiendo ayuda.

Esto obliga a hacerse preguntas incómodas. ¿Tiene sentido sostener un ministerio de gran porte dedicado casi exclusivamente a administrar planes y subsidios? ¿No podrían centralizarse esas funciones de manera más simple y eficiente, liberando recursos para políticas que generen oportunidades reales?

La asistencia es necesaria, pero no requiere un “mega ministerio”. Lo que Uruguay necesita es una política social orientada a la autonomía: educación de calidad, formación para el trabajo, estímulos a la contratación y condiciones para que el empleo sea una opción viable y digna. No se combate la pobreza repartiéndola en cuotas; se la combate creando riqueza y facilitando el acceso a ella.

En los hechos, el sistema también acomoda a la política. El asistido se transforma en un voto cautivo y el burócrata en administrador de esa fidelidad. El resultado es un círculo vicioso perfecto: el Estado gestiona la pobreza para justificar su propia expansión, mientras el país pierde productividad, cultura del trabajo y dignidad.

Uruguay no necesita más planes. Necesita menos excusas. Lo que emancipa no es el subsidio permanente, sino la oportunidad concreta de valerse por uno mismo. Ningún país salió adelante repartiendo dinero ajeno. Se sale creando riqueza, generando empleo y apostando a la educación. Quizás la verdadera pregunta ya no sea si hay que reformar el MIDES, sino si el país puede seguir financiando un modelo que, lejos de resolver el problema, lo administra.