La decisión del gobierno nacional —que todo indica estaría prácticamente tomada— de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, abre un escenario de riesgos que excede largamente el plano administrativo. No se trata únicamente de un diferendo contractual: lo que está en juego es la reputación jurídica del país, su estrategia de soberanía marítima y su posicionamiento internacional en un momento particularmente sensible.

La rescisión unilateral, anunciada públicamente antes de culminar los procedimientos previstos en el propio contrato, expone al Estado uruguayo a un conflicto judicial de magnitud. El acuerdo establece con claridad la jurisdicción de los tribunales uruguayos para los aspectos jurídicos, el arbitraje técnico a cargo de Lloyd’s Register y, en forma subsidiaria, el arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional de París. Es decir, existe un andamiaje institucional previsto precisamente para encauzar controversias de esta naturaleza.

Desconocer o precipitar esos mecanismos no solo incrementa el riesgo de un litigio millonario —con eventuales indemnizaciones, costas y daños— sino que instala la percepción de que el Estado puede alterar unilateralmente compromisos complejos en sectores estratégicos como la defensa. En un mundo donde la previsibilidad jurídica es un activo tan valioso como cualquier recurso natural, ese mensaje tiene consecuencias.

Pero el problema no es solo económico. Hay también una dimensión estratégica que no puede soslayarse. Los patrulleros oceánicos encargados a Cardama estaban llamados a reforzar una presencia marítima notoriamente insuficiente. La propia ministra de Defensa, Sandra Lazo, subrayó al asumir en marzo de 2025 que Uruguay posee en el mar una superficie aún mayor que la terrestre, con riquezas y recursos estratégicos que deben ser protegidos. “Ejercer soberanía”, cumplir y hacer cumplir la ley, y resguardar derechos presentes y futuros, exige medios materiales concretos. Sin ellos, la soberanía es apenas declamativa.

La eventual ruptura del contrato deja en suspenso un proyecto clave para materializar esa prioridad. Más allá de las críticas técnicas o administrativas que puedan existir, la consecuencia práctica es la postergación de capacidades que el país necesita con urgencia. Cada mes sin patrullaje adecuado implica menor control sobre pesca ilegal, contrabando, contaminación y otras amenazas que se desarrollan lejos de la mirada pública pero afectan directamente al interés nacional.

A ello se suma un riesgo geopolítico y comercial. España es un actor relevante dentro de la Unión Europea, y el astillero afectado integra el entramado industrial europeo. Una rescisión unilateral acompañada de acusaciones públicas no probadas judicialmente puede escalar del plano contractual al diplomático. En tiempos donde el acuerdo Mercosur–Unión Europea atraviesa instancias delicadas, Uruguay no puede permitirse aparecer como un socio imprevisible en contratos de alta complejidad. La reputación internacional se construye durante décadas y puede perderse en meses.

Es evidente que el caso ha adquirido connotaciones de política interna partidaria. Sin embargo, lo que pueda rendir dividendos en el debate doméstico carece de valor en el escenario internacional. Allí no pesan los discursos ni las consignas, sino la solidez de los procedimientos y el apego a las normas. Persistir en una rescisión unilateral sin agotar las instancias técnicas y jurídicas previstas implicaría asumir riesgos que superan ampliamente el contrato en discusión.

Uruguay ha hecho de la seguridad jurídica una carta de presentación ante el mundo. Esa fortaleza ha sido reconocida por sucesivos gobiernos como pilar del comercio exterior y la atracción de inversiones. El caso Cardama, tal como se está gestionando, pone en jaque esa reputación.

Aún parece existir margen para encauzar el conflicto por las vías contractuales establecidas, minimizando daños económicos, estratégicos y reputacionales. El verdadero interés nacional no se mide por la contundencia de la retórica, sino por la prudencia institucional. Y en este caso, la prudencia debería ser la brújula. Ojalá así se entienda.