Hay climas sociales que no anuncian su llegada con estruendo, sino con señales persistentes que la política prefiere leer, cuando ya es demasiado tarde. Uruguay no vive hoy una crisis abierta, pero sí una acumulación de síntomas que, sumados, comienzan a configurar un escenario inquietante. No se trata de alarmismo: se trata de mirar de frente lo que está ocurriendo.

Inversores extranjeros empiezan a retirarse o a congelar proyectos ante una presión fiscal que consideran asfixiante y ante la perspectiva de mayores cargas impositivas. No es un fenómeno ideológico, es económico. El capital busca previsibilidad, estabilidad y reglas claras. Cuando percibe incertidumbre o una voracidad recaudatoria creciente, simplemente se va. Y cuando se va, no deja discursos: deja desempleo.

Mientras tanto, los conflictos laborales se han vuelto una constante. El puerto de Montevideo, puerta de entrada y salida de la producción nacional, sufre paralizaciones reiteradas que afectan exportadores e importadores por igual. En Conaprole, emblema del cooperativismo uruguayo, las tensiones exponen una paradoja incómoda: en muchos casos, los salarios de empleados y obreros superan los ingresos de los propios tamberos que aportan la materia prima del sistema. Algo está desalineado cuando quienes producen asumen el mayor riesgo y reciben la menor recompensa.

El Ministerio de Trabajo insiste en el diálogo y la negociación. Pero el diálogo no puede convertirse en una liturgia vacía. Cuando las mesas fracasan una y otra vez, cuando los conflictos se repiten con los mismos actores y las mismas exigencias, cabe preguntarse si realmente existe voluntad de solución o si el statu quo conviene a algunos más que la estabilidad general. 

A este cuadro económico se suma otro aún más delicado: la inseguridad persistente. No hay jornada sin homicidios, rapiñas a mano armada o balaceras. Las cifras oficiales podrán mostrar mesetas o leves descensos en determinados rubros, pero el humor social no se mide únicamente en estadísticas. Se mide en conversaciones de barrio, en comerciantes que adelantan el cierre, en familias que cambian rutinas por miedo.

La expansión de la droga y la acción cada vez más visible de organizaciones vinculadas al narcotráfico alimentan una sensación extendida de vulnerabilidad. Muchos episodios no llegan a las estadísticas o quedan diluidos en promedios técnicos, pero sí impactan en la percepción colectiva. Y la percepción, en política, es realidad.

Aquí aparece el problema central: el desfasaje entre el relato y la experiencia cotidiana. Cuando la dirigencia celebra indicadores  y se preocupa más por disputas  y descalificar a sus oponentes políticos, la gente siente que su vida se ha vuelto más incierta, la distancia se agranda. Esa brecha es terreno fértil para la desconfianza, el descreimiento y, eventualmente, para respuestas extremas.

El comercio cae, el empleo no despega con la fuerza necesaria y la sensación de fragilidad se instala como telón de fondo. No es una crisis explosiva, es algo más sutil y peligroso: un desgaste continuo. Un país que cruje en silencio.

La política, entretanto, discute posicionamientos, propuestas, pero no siempre hacia dónde se conduce. No es una crítica nueva; es una advertencia reiterada en la historia. Cuando los partidos se concentran demasiado en sus disputas, suelen perder la capacidad de leer los cambios de ánimo que se gestan fuera de sus estructuras.

Aún se está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para ello se necesita menos autocomplacencia y más honestidad intelectual; menos relato y más realidad; menos cálculo y más sentido de urgencia. Porque los climas sociales no explotan de un día para otro. Se acumulan. Y cuando finalmente estallan, ya no admiten excusas.