El llamado “diálogo social” impulsado por el gobierno se presenta como un ejercicio democrático, amplio y participativo. Sin embargo, a la luz de los cuestionamientos formulados por el constitucionalista Eduardo Lust, lo que se perfila detrás de esa construcción discursiva parece más que un intercambio plural, un camino ya trazado hacia una reforma previsional y asistencial de fuerte impronta ideológica y, sobre todo, de altísimo costo económico.

El eje del problema no está únicamente en las intenciones declaradas, combatir la pobreza infantil, fortalecer el sistema de cuidados o ampliar prestaciones, sino en la forma en que se pretende financiar ese ambicioso esquema. Porque cuando las cuentas no cierran, la política suele buscar atajos. Y en este caso, el atajo tiene nombre y apellido: los aproximadamente 24.000 millones de dólares administrados por las AFAP.

No es un dato menor. Ese volumen de recursos no pertenece al Estado en sentido estricto, sino a los trabajadores que, durante años, han aportado bajo determinadas reglas de juego. Modificar ese esquema, directa o indirectamente, implica mucho más que una decisión técnica: supone alterar la confianza en el sistema previsional y, por extensión, en la seguridad jurídica del país.

Desde el oficialismo se evita hablar de “estatización”. El propio presidente Yamandú Orsi ha sido cuidadoso en ese punto. Pero las señales son, cuanto menos, inquietantes. Cuando se habla de “cambios de diseño”, como lo hiciera el director de la OPP, Rodrigo Arim, la experiencia reciente invita a no ser ingenuos. Ya ocurrió con el Fonasa: ajustes presentados como técnicos terminaron implicando retenciones millonarias que afectaron a decenas de miles de uruguayos.

El argumento de fondo es conocido: el sistema actual es insostenible. El BPS requiere transferencias anuales cercanas a los 800 millones de dólares para funcionar. Es una cifra contundente. Pero reconocer un problema estructural no habilita cualquier solución. Mucho menos una que, en los hechos, pueda implicar la apropiación o el redireccionamiento de fondos individuales para sostener políticas asistenciales de corto plazo.

Aquí aparece otro elemento clave: la voluntad popular. En 2024, la ciudadanía se expresó en defensa de mantener el esquema vigente en lo esencial. Ignorar ese antecedente o intentar bordearlo mediante mecanismos indirectos no solo erosiona la legitimidad política, sino que alimenta la desconfianza en las instituciones.

El problema, entonces, no es discutir una reforma. Uruguay necesita revisar su sistema previsional. La demografía, el envejecimiento poblacional y la baja natalidad obligan a hacerlo. Pero una cosa es reformar con responsabilidad y otra muy distinta es utilizar la urgencia como excusa para avanzar sobre recursos que no son del Estado.

Preocupa además, la concentración de decisiones en un núcleo reducido de poder político y técnico. Nombres como Jorge Díaz, Alejandro Sánchez o el ministro de Economía Gabriel Oddone aparecen en el centro de un proceso donde las definiciones parecen adelantarse al debate público real.

Si el objetivo es construir un sistema más justo, sostenible y solidario, el camino no puede ser la opacidad ni la ambigüedad conceptual. La sociedad uruguaya merece claridad: saber qué se pretende hacer, cómo se hará y, sobre todo, quién pagará la cuenta. Porque, en definitiva, el verdadero riesgo no es solo económico. Es institucional. Cuando se debilitan las reglas de juego, cuando se relativiza la propiedad de los aportes y cuando el “diseño” se convierte en sinónimo de discrecionalidad, lo que está en juego es la confianza. Y sin confianza, ningún sistema previsional —ni ningún país— puede sostenerse en el tiempo.