Si algo ha quedado crudamente expuesto en el corto transcurrir del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, es que la honradez prometida en campaña quedó reducida a un eslogan vacío. El oficialismo llegó al poder agitando las banderas de la ética, la transparencia y el apego irrestricto a la Constitución. Pero los hechos, siempre más tercos que el relato, revelan una seguidilla de inconductas que desmontan cualquier discurso de rectitud. Y lo más grave: estas situaciones no son errores aislados, sino un patrón inquietante que corroe la credibilidad institucional.

El primer golpe vino desde el propio corazón del gabinete. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo, debió renunciar después de que se descubriera que, en un predio de su propiedad, había construido cuatro viviendas no declaradas. Ningún aporte al BPS, ningún tributo, ninguna regularización… nada. Quien debía velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas fue, paradójicamente, quien decidió ignorarlas. El mensaje hacia la ciudadanía fue demoledor: “haz lo que digo, no lo que hago”.

La situación empeoró cuando salió a la luz el caso del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex rector de la Universidad de la República, el Economista Rodrigo Arim. Al igual que la ministra, posee en Maldonado una vivienda declarada como una humilde construcción de 30 metros cuadrados cuando en realidad se trata de una propiedad que supera ampliamente los 140 m², piscina incluida. Tampoco realizo los aportes, ni permisos, ni tributos en regla. Pero sí hubo alquiler en dólares durante el verano 2024-2025. Otro jerarca que exige transparencia mientras practica la opacidad.

La lista continúa. Una jerarca de la Administración Nacional de Puertos, nada más ni nada menos que la vicepresidenta del directorio Alejandra Koch,que gestiona ese servicio estatal, en su primer día de trabajo, ascendió y aumentó el salario de su esposo, funcionario de carrera. También acomodó a un grupo de “compañeros” políticos, convirtiendo un ente del Estado en un botín partidario. En tan solo 24 horas, hizo tantos actos inmorales que inevitablemente, debió ser cesada por la Ministra de Transporte y Obra Publica, la salteña Lucia Etcheverry.

La ya mencionada exministra —hoy diputada del MPP Cecilia Cairo — volvió a aparecer en escena cuando estacionó en un lugar prohibido, su vehículo fue llevado al depósito, y tras algunas llamadas “salvadoras” se le aplicó el Código 9 de la Intendencia de Montevideo, exonerándola de pagar la multa porque “no podía afrontarla”. Un privilegio que ningún ciudadano común puede siquiera soñar. También inaceptable, si pensamos en el sueldo y el dinero que se suma a su salario, por gastos de representación, viáticos por traslados, etc. etc.

A todo esto se suma el reciente caso del presidente de ASSE, el Dr. Danza, que acumula siete trabajos simultáneos. Difícil imaginar cómo se puede dirigir el principal prestador de salud pública del país sin dedicación plena. Pero la frutilla de la torta no es su multitarea, sino su permanencia. Más allá de lo que dictamine la Jutep, su continuidad es políticamente insostenible. Renunciar —o ser destituido— ya no es una opción, es una obligación  moral y ética impostergable. Porque ayer,  trascendió que desde su cargo, contrato en forma directa servicios a mutualistas en las cuales trabajaba.

Ante este panorama, cabe una pregunta muy simple: ¿a quién le hablan cuando hablan de ética? ¿A los ciudadanos o a los compañeros de partido? Porque si el histórico “sabremos cumplir” se aplica sólo hacia adentro, entonces lo que se incumple a diario es la confianza de quienes depositaron su voto creyendo en la honradez prometida con lo emblemático de “sabremos cumplir”…

El gobierno de Orsi aún está a tiempo de frenar esta sangría moral. Pero para hacerlo necesita más que comunicados tibios y renuncias forzadas: necesita recuperar el espejo en el que prometió mirarse. Porque sin ética no hay gobierno que resista. Y hoy, lamentablemente, la ética brilla por su ausencia.