Entre ultimátums y paros, el puerto deja de ser una herramienta del desarrollo para convertirse en un instrumento de presión contra todo el Uruguay. Hay límites que un país serio no puede seguir tolerando. Y el conflicto en el puerto de Montevideo acaba de cruzar uno de ellos. El ultimátum lanzado por el sindicato portuario y de la Terminal Cuenca del Plata —exigiendo la derogación del decreto de servicios mínimos y la aceptación de sus reclamos bajo la amenaza de un paro nacional de 48 horas— constituye una demostración de fuerza tan desubicada como inaceptable. No se trata de una negociación. Se trata de una imposición.