En su última columna, el periodista y ex senador Manuel Flores Silva pronunció una crítica feroz al estado actual del periodismo, la justicia y la política en Uruguay. Su denuncia, cargada de nombres y acusaciones, no es una mera provocación, sino un llamado urgente a revisar la situación institucional del país. “Sin entrar a analizar el deplorable fenómeno de la docena de ‘periodistas militantes’ —la negación del periodismo— que hoy están en el Gobierno. Todos tenemos sus caritas. Fenómeno que ha terminado de llevar al periodismo nacional a lo peor de su historia y de su mediocridad”, afirmó Flores Silva. La sentencia es dura, pero merece una reflexión serena y firme.

Flores Silva describe un mecanismo que, entiende y compartimos, ha moldeado la agenda política nacional de los últimos años: una articulación entre fiscales ideológicamente sesgados, periodistas afines al oficialismo y operadores políticos bien posicionados. El epicentro de esa supuesta red es Jorge Díaz, ex fiscal de Corte, a quien señala como el líder del “Partido de los Fiscales de izquierda”. A su lado, menciona al periodista Eduardo Preve como el operador mediático de esta estrategia, y a una “docena” de fiscales “impresentables” que habrían ejercido influencia en la opinión pública a través de filtraciones selectivas.

Más allá de los nombres, lo verdaderamente alarmante del análisis es la acusación de que esa estructura habría condicionado no solo el discurso público, sino también el resultado de las últimas elecciones. Si esto fuese cierto —y vale decir que el autor no ofrece pruebas concretas en su columna— estaríamos ante una amenaza profunda a la integridad democrática. Es necesario, sin embargo, evitar caer en simplificaciones. El periodismo, como institución, está lejos de ser homogéneo. Existen voces críticas, independientes y profesionales que siguen haciendo su trabajo con rigor, incluso en contextos adversos. Pero sí es cierto que la credibilidad del periodismo tradicional ha sido erosionada por la excesiva cercanía de ciertos comunicadores con el poder político, y por la opacidad de los intereses empresariales detrás de algunos medios. “Un canal pertenece al grupo de supermercados Disco, otro canal ha sido sostenido por el grupo Otegui. Los republicanos no olvidan”, escribió Flores Silva, aludiendo a un conflicto de intereses que en otras democracias sería inaceptable. En cuanto a la Fiscalía, la preocupación no es menor. La figura de Jorge Díaz ha sido objeto de controversia desde hace años, y si bien su gestión contó con avances importantes en materia de reforma procesal, también acumuló críticas por el uso político de las investigaciones. Flores Silva advierte que su eventual nombramiento como Ministro de Justicia sería “el fin de la separación de poderes. El fin de la República.” Más allá del estilo hiperbólico del autor, el planteo invita a un debate sobre la conveniencia de que figuras con un historial político marcado asuman roles institucionales clave. La interinidad de Mónica Ferrero en la Fiscalía de Corte y la debilidad del actual gobierno, descrito por Flores Silva como “sin rumbo” y con “baja calificación intelectual”, completan un panorama sombrío. Según el autor, el poder está en disputa entre la opinión pública y una élite judicial-mediática que opera con fines ideológicos. El país merece una revisión profunda de sus mecanismos institucionales, de la transparencia en la prensa y de la independencia del Poder Judicial. Y sobre todo, merece que estas denuncias no se queden en el terreno de la retórica. Si existen pruebas, que se presenten. Si hay culpables, que se investigue. Pero si no hay más que sospechas, es imperativo que el discurso público vuelva a la responsabilidad. La democracia no puede sostenerse sobre trincheras. O recuperamos la República, o nos resignamos al espectáculo.