En tiempos donde la política parece obsesionada con el impacto inmediato, con lo que genera titulares y polémicas fugaces, el fondo de los problemas queda relegado a un segundo plano. Se privilegia lo vistoso sobre lo necesario, lo espectacular sobre lo urgente. En pocos días, el debate en torno a la propuesta de construir un túnel subterráneo en la principal avenida  de Montevideo, la emblemática 18 de Julio se ha transformado en un ejemplo claro de esta tendencia.

La iniciativa, que según versiones implicaría una inversión cercana a los mil millones de dólares, apunta a reducir en unos 20 minutos el tiempo de traslado hacia el centro de la capital. Sin embargo, más allá de la aparente modernidad del proyecto, la pregunta de fondo es inevitable: ¿es esta realmente una prioridad para el país?

El proyecto, vinculado en el imaginario público a intereses empresariales —particularmente al entorno de CUTCSA— ha generado un rechazo significativo. No solo desde sectores de la oposición, sino también dentro del propio oficialismo. Resulta llamativo que incluso el intendente de Montevideo, Mario Bergara, haya marcado distancia, en contraste con figuras del gobierno nacional que han mostrado simpatía por la idea.

Este desacuerdo interno deja en evidencia algo más profundo: la desconexión entre quienes diseñan estas propuestas y la realidad cotidiana de los ciudadanos. Basta recorrer hoy la Avenida 18 de Julio para constatar su deterioro. Comercios cerrados, galerías vacías, menor circulación de público y una sensación general de decadencia que dista mucho de su histórico rol como corazón comercial del país.

El problema del centro no es la velocidad del transporte. Es la inseguridad, la proliferación de personas en situación de calle, el deterioro edilicio y la falta de políticas sostenidas de revitalización urbana. En ese contexto, pensar que una megaobra de infraestructura revertirá esta situación no solo parece ingenuo, sino profundamente desconectado de la realidad.

A esto se suman decisiones previas que tampoco han contribuido a mejorar la movilidad ni la dinámica del centro. Durante la gestión de Carolina Cosse, la implementación de ciclovías —más allá de su valor conceptual— redujo espacios de circulación sin lograr un uso intensivo que justificara su impacto. El resultado ha sido, en muchos casos, mayor congestión y menor fluidez.

Mientras tanto, el país profundo observa. En el interior, rutas nacionales como la 3 continúan siendo escenario de accidentes graves, con un tránsito creciente de camiones, ómnibus y vehículos particulares. Allí no hay túneles proyectados ni inversiones millonarias. Allí, la discusión es más básica: vidas humanas que se pierden por falta de infraestructura adecuada.

La comparación es inevitable. ¿Qué pesa más en la balanza de las prioridades públicas? ¿Ganar algunos minutos en la capital o reducir los riesgos en rutas que conectan al país productivo?

El debate sobre el túnel en 18 de Julio no es, en el fondo, sobre movilidad. Es sobre prioridades. Sobre un modelo de gestión que parece inclinarse por grandes anuncios antes que por soluciones concretas. Sobre una política que muchas veces habla de sensibilidad social, pero que a la hora de decidir inversiones parece mirar hacia otro lado.

En definitiva, el riesgo no es solo gastar mal. Es seguir profundizando una lógica donde el ruido tapa a la realidad. Y donde las grandes obras terminan siendo, más que soluciones, monumentos a la desconexión.