El senador Felipe Carballo, recordado ex dirigente salteño, del sindicato de la naranja, muy cercano al  renunciante y procesado ex vice presidente de la República, Raúl Sendic, afirmó en declaraciones a medios de prensa de Montevideo: que "si el gobierno se tiene que endeudar para que la gente viva mejor, a mí me tiene sin cuidado", no está expresando únicamente una opinión política. Está revelando una concepción profundamente equivocada sobre cómo funciona una economía y sobre cuál debe ser la responsabilidad de quienes administran los recursos públicos.

No existe dinero gratis. Cada peso que el Estado gasta de más sale del bolsillo de alguien: de los contribuyentes de hoy o de los ciudadanos de mañana, mediante deuda. No hay magia. El endeudamiento no crea riqueza; simplemente adelanta recursos que luego deberán devolverse con intereses. Presentarlo como una solución para mejorar el bienestar de la población es una de las formas más conocidas de la demagogia política.

América Latina está llena de ejemplos. Gobiernos que prometieron prosperidad financiando un gasto público creciente terminaron dejando economías endeudadas, Estados sobredimensionados, inflación, pérdida del poder adquisitivo y generaciones enteras pagando las consecuencias de decisiones irresponsables. El kirchnerismo en Argentina es quizá el caso más cercano y elocuente: durante años se confundió consumo con desarrollo, subsidios con crecimiento y endeudamiento con justicia social. El resultado está a la vista.

Uruguay no debería recorrer ese camino. Precisamente una de sus fortalezas históricas ha sido preservar la estabilidad macroeconómica y la credibilidad internacional, aun en medio de profundas diferencias políticas. Esa reputación no cayó del cielo. Costó décadas construirla y puede perderse mucho más rápido de lo que algunos imaginan.

La verdadera justicia social no consiste en repartir recursos que el país no genera. Consiste en crear las condiciones para que las personas puedan progresar con su propio esfuerzo. Eso implica un Estado eficiente, austero y concentrado en sus funciones esenciales; reglas claras para invertir; seguridad jurídica; menos burocracia; una presión fiscal razonable y un clima favorable para producir, exportar y generar empleo privado.

La riqueza no nace en los ministerios ni en las oficinas públicas. La crean quienes emprenden, invierten, trabajan, producen y asumen riesgos. El Estado puede acompañar ese proceso, pero nunca sustituirlo.

También conviene recordar una verdad incómoda: los políticos no se endeudan con su patrimonio. Se endeudan en nombre de toda la sociedad. Son los ciudadanos quienes terminan pagando la cuenta. Por eso resulta preocupante escuchar a un representante nacional relativizar con tanta ligereza el impacto del déficit fiscal.

Gobernar exige sensibilidad social, pero también responsabilidad. Quien promete bienestar sin explicar cómo se financia está ofreciendo una ilusión. Y las ilusiones económicas suelen terminar de la misma manera: crisis, ajustes y pérdida de oportunidades.

Uruguay necesita exactamente lo contrario de ese discurso. Necesita reducir el peso del Estado sobre quienes producen, racionalizar el gasto público, eliminar privilegios, estimular la inversión privada, abrir nuevos mercados, aumentar la competitividad y premiar el trabajo antes que la dependencia.

El progreso de una nación nunca se construye repartiendo deuda. Se construye generando riqueza. Todo lo demás podrá dar rédito electoral, pero termina dejando una factura que, inevitablemente, alguien deberá pagar. La historia económica lo demuestra una y otra vez. Ignorarla no es sensibilidad social; es irresponsabilidad política.