La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) nació como un organismo esencial para velar por la transparencia en la gestión estatal y garantizar a la ciudadanía que el control sobre los actos de gobierno no estaría sometido a intereses particulares o partidarios. Su función es delicada: debe analizar, juzgar y, cuando corresponde, sancionar prácticas que atenten contra la ética pública. Sin embargo, en los últimos tiempos, su accionar ha despertado serias dudas en torno a la imparcialidad con que ejerce ese rol.

La crítica principal radica en la notoria diferencia de criterios con que la JUTEP actúa frente a distintos actores políticos. Mientras exhibe severidad y premura en emitir juicios sobre conductas de figuras de la oposición, se muestra llamativamente lenta o incluso omisa cuando los casos involucran a dirigentes oficialistas o a referentes sindicales cercanos al gobierno. Esa selectividad mina su credibilidad y proyecta la imagen de un organismo que actúa más como herramienta política que como institución independiente.

El reciente episodio en torno al intendente de Salto, Carlos Albisu, es un ejemplo claro. El organismo calificó como “corrupción” y “nepotismo” la designación de un cargo de confianza, expresándose en términos que, más allá de la discusión técnica o legal, afectan directamente el honor y la trayectoria del funcionario. El control es necesario y saludable en democracia, pero también exige prudencia, razonabilidad y equilibrio. Un organismo de esta naturaleza no puede transformarse en una hoguera donde se quema la reputación de las personas sin medir las consecuencias de sus palabras.

La pregunta inevitable es por qué, en otros casos con evidentes irregularidades, la JUTEP no actúa con la misma celeridad y contundencia. Allí están, sin ir más lejos, las denuncias sobre adjudicaciones directas de viviendas y terrenos en gestiones anteriores de la Intendencia de Salto, que nunca llegaron a un pronunciamiento claro. O el silencio que mantiene frente a más de 400 denuncias en trámite, entre ellas la referida al presidente de ASSE, Dr. Álvaro Danza. Esa asimetría en el tratamiento de los casos termina mostrando un sesgo que erosiona la confianza pública.

La consecuencia de esta conducta es grave: un organismo que debería ser un baluarte de transparencia corre el riesgo de ser visto como un instrumento partidario. Y cuando la ciudadanía percibe favoritismo, pierde fe en la imparcialidad de los controles, con lo cual la democracia en su conjunto se resiente. La transparencia no admite doble vara. Si se aplican criterios rigurosos a unos, deben aplicarse con igual firmeza a otros, sin importar el color político ni la cercanía ideológica.

La JUTEP tiene en sus manos la enorme responsabilidad de custodiar un principio esencial de la vida republicana: la igualdad ante la ley y la ética pública como estándar común. Para cumplir cabalmente con esa tarea debe blindarse contra presiones externas y demostrar con hechos —no con discursos— que actúa sin favoritismos. De lo contrario, corre el riesgo de deslegitimarse, perdiendo no solo autoridad institucional, sino también la confianza que la ciudadanía le había confiado como guardiana de la transparencia.