La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) fue concebida para cumplir una función esencial: contribuir a la transparencia del Estado, vigilar la conducta de quienes ejercen responsabilidades públicas y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Sin embargo, sus actuaciones más recientes proyectan una imagen cada vez más alejada de esos objetivos. Lo que debería ser un organismo independiente, respetado y riguroso parece haberse enredado en las conveniencias de la política, con silencios difíciles de justificar, decisiones controvertidas y una llamativa selectividad a la hora de actuar.

Más. cuando se ignoran informes jurídicos elaborados por sus propios servicios, como se ha cuestionado en asuntos de notoria relevancia pública, alentando la sospecha de que las consideraciones políticas terminan imponiéndose sobre los criterios técnicos se vuelve inevitable.

Los casos del presidente de ASSE, doctor Danza, y de la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respecto de la inhabilitación de una médica anestesista involucrada en un caso de mala praxis, han alimentado interrogantes sobre la capacidad y la voluntad de la JUTEP para pronunciarse con claridad en asuntos que reclaman explicaciones. No se trata de adelantar culpabilidades ni de sustituir a los organismos competentes, sino de exigir criterios transparentes, fundamentos jurídicos y decisiones que no dependan de quién resulte favorecido o perjudicado.

La controversia que involucró al senador Pedro Bordaberry, convocado a informar por una supuesta reunión política que, según explicó, había sido un asado de celebración por la recuperación de un representante nacional tras una grave situación de salud, vuelve a poner sobre la mesa otra cuestión: la necesidad de que las denuncias sean examinadas con seriedad, sin convertir cualquier diferencia política en motivo de sospecha institucional. Que la denuncia haya surgido de un edil del propio Partido Colorado añade elementos que merecen ser considerados, aunque no autoriza por sí solo a presumir intenciones.

La salida de este deterioro no pasa por cerrar los ojos ni por cambiar una parcialidad por otra. Si quienes integran la JUTEP no consiguen recuperar la confianza pública, deberían asumir la responsabilidad institucional que les corresponde y dar un paso al costado. El organismo necesita una integración de notables: personas de reconocida solvencia intelectual, trayectoria intachable y honestidad comprobada, capaces de actuar sin ataduras ni compromisos con sectores partidarios. La ética pública no puede quedar subordinada a la conveniencia de ningún gobierno.

Pero la degradación de las formas no termina allí. El Palacio Legislativo, que debería ser el ámbito privilegiado del debate democrático, también ofrece señales preocupantes. Las descalificaciones, los desplantes y las interrupciones arbitrarias del uso de la palabra deterioran la calidad de la discusión. Las críticas a la presidenta del Senado por el manejo del micrófono y por la aparente disparidad de criterios frente a legisladores de distintas bancadas revelan un problema que merece atención: la autoridad parlamentaria debe ejercerse con ecuanimidad, no como una herramienta para favorecer a los propios o incomodar a los adversarios.

Uruguay conoció parlamentarios capaces de sostener enfrentamientos durísimos, formular críticas demoledoras y defender posiciones irreconciliables sin descender al insulto vulgar ni renunciar a la cortesía institucional. Aquellos debates podían ser ásperos, pero conservaban la dignidad que exige la representación ciudadana.

Hoy, cuando la soberbia desplaza al argumento y la descalificación pretende sustituir a la razón, la política pierde estatura. Y cuando un organismo de contralor parece incapaz de escapar a las disputas partidarias, la ética pública se convierte en una expresión vacía.

La JUTEP necesita recuperar su independencia y el Parlamento, sus formas. De lo contrario, la ciudadanía seguirá contemplando una escena lamentable: instituciones que deberían dar el ejemplo y dirigentes que, en lugar de prestigiar la democracia, contribuyen a desacreditarla. La confianza pública no se reclama con discursos. Se gana con conducta, imparcialidad y respeto.