El aspecto más grave de una iniciativa planteada en el ámbito del Parlamento, no es solamente su eventual consecuencia política, sino el precedente jurídico e institucional que pretende instalar. En nuestro ordenamiento constitucional existe una diferencia sustancial entre interpretar una norma para aclarar su alcance y utilizar esa interpretación como instrumento para modificar aquello que la propia norma dispone.