El brutal “triple femicidio” que conmovió a la Argentina hace unas semanas, volvió a dejar al desnudo una realidad tan siniestra como persistente: la explotación sexual de mujeres unida al narcotráfico. Las jóvenes asesinadas no eran únicamente víctimas de proxenetas tradicionales, sino piezas dentro de un engranaje perverso en el que drogas y sexo se combinan como mercancías. Esa asociación macabra —cocaína más cuerpo femenino— es la fórmula de los nuevos patrones del crimen organizado, proxenetas del siglo XXI que no solo comercian con vidas, sino que imponen un régimen de esclavitud bajo los códigos más violentos.

Las investigaciones confirmaron que las mujeres cobraban alrededor de 300 dólares por “presencia” en fiestas privadas, donde se daba por entendido que, si los invitados lo requerían, se incluía el acceso sexual. El detalle escalofriante es que la “moneda” de intercambio no siempre era el dinero: la droga misma funcionaba como parte del pago, generando adicción y dependencia, una cadena de sometimiento diseñada a la medida del poder mafioso. En este esquema, las mujeres no son más que objetos transaccionales, piezas reemplazables de un mercado que se alimenta de consumo y degradación.

La crueldad extrema a la que fueron sometidas las víctimas, en este particular caso jóvenes mujeres argentinas, revela otra cara del problema: la venganza narco. En este caso, mutilaciones, muertes crueles, con sadismo, filmaciones y transmisiones a través de redes privadas se transformaron en mensajes mafiosos. No se trata solo de ajusticiar rivales: se trata de imponer terror y demostrar control absoluto sobre cuerpos y destinos. Y lo más inquietante es que estas prácticas, lejos de ser aisladas, constituyen moneda corriente en un mundo subterráneo que muchas veces las sociedades prefieren ignorar.

Sería ingenuo pensar que nuestro país, con un mercado de drogas en expansión y redes de trata ya detectadas por organismos internacionales, permanece al margen de estas dinámicas. La intersección entre narcotráfico y prostitución forzada se ha consolidado como un fenómeno regional. Y mientras no se visibilice con la seriedad necesaria, el problema seguirá creciendo, amparado en la clandestinidad y la indiferencia.

El esquema es siempre el mismo: jóvenes reclutadas bajo promesas engañosas o mediante la necesidad económica, captadas en fiestas privadas y sometidas con drogas que terminan por esclavizarlas. Desde allí, se abre un abanico de perversiones que incluye la explotación de niñas y niños, un terreno aún más oscuro y doloroso, que confirma hasta dónde puede llegar la deshumanización.

La pregunta obligada es cómo reaccionar frente a semejante escenario. No alcanza con la indignación momentánea ni con la denuncia mediática. Hace falta un Estado fuerte que persiga sin concesiones a estos nuevos proxenetas, que entienda que la lucha contra la trata y la explotación sexual no puede disociarse de la lucha contra el narcotráfico. Se trata de fenómenos entrelazados, que operan con lógicas empresariales y que saben infiltrarse en la economía formal, en la vida nocturna y hasta en sectores políticos y policiales.

El caso argentino debe servir como alerta. No solo porque nos muestra la crudeza del crimen organizado, sino porque obliga a repensar las políticas de prevención, control y, sobre todo, rehabilitación. Cada mujer rescatada de estas redes necesita apoyo real para salir del círculo de dependencia que las drogas consolidan. De lo contrario, la puerta de salida se transforma en un espejismo. La sociedad entera tiene que asumir que estamos ante una de las formas más brutales de esclavitud moderna. Llamar a estos criminales “proxenetas del siglo XXI” no es una metáfora: es reconocer que la perversidad encontró nuevas fórmulas de negocio. Y que frente a ello, no hay margen para la indiferencia.