La confianza pública es uno de los bienes más valiosos de una democracia. Se construye lentamente, con años de conducta coherente, transparencia y respeto por las normas, pero puede deteriorarse en cuestión de horas cuando quienes aprestan a  ejercer las más altas responsabilidades del Estado protagonizan situaciones que generan dudas razonables sobre su comportamiento.

Por eso resulta inevitable que la opinión pública se interrogue cuando el presidente de la República, apenas una semana antes de asumir el cargo, adquiere una camioneta de alta gama con una rebaja que ronda los 33.000 dólares. Más allá de la legalidad formal de la operación, el hecho plantea una cuestión mucho más profunda: la de la moral pública y el compromiso ético que debe caracterizar a quienes ocupan posiciones de máxima responsabilidad institucional. En el mundo de los negocios existen descuentos, promociones y negociaciones. Es una realidad conocida por todos. Sin embargo, también es sabido que en operaciones de alto valor económico, como la compra de vehículos de lujo, propiedades exclusivas o residencias ubicadas en zonas altamente cotizadas, las rebajas extraordinarias son excepcionales. Cuando aparecen beneficios que exceden ampliamente las prácticas habituales del mercado, surge una pregunta inevitable: ¿habría recibido cualquier ciudadano exactamente el mismo trato?

La respuesta a esa interrogante es fundamental. Porque la ética pública no se limita a evitar actos ilegales. Exige además evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de privilegios, favoritismos o ventajas derivadas de la posición que se ocupa. La función pública demanda un estándar superior al que se exige a cualquier particular. Los gobernantes tienen derecho a administrar su patrimonio y realizar compras personales. Nadie discute eso. Lo que sí está en discusión es la oportunidad, la conveniencia y el mensaje que transmiten determinadas acciones. Cuando un mandatario antes de asumir accede a condiciones que difícilmente obtendría un ciudadano común, el foco deja de estar en la compra y pasa a estar en la credibilidad de las instituciones. Esa “atención” quizás genera un compromiso quizás no. Pero la duda queda plantada.

La transparencia no consiste únicamente en explicar una operación después de que se vuelve pública. La verdadera transparencia implica actuar de forma tal que no existan dudas desde el principio. Quien ejerce la Presidencia debe ser consciente de que cada decisión personal puede tener consecuencias políticas e institucionales. El cargo, ya compromete, antes de asumirlo o de entrar a la Torre Ejecutiva. Por lo tanto ni antes ni después, se puede ignorar la implicancia en una negociación comercial.

La ciudadanía espera de sus dirigentes algo más que el cumplimiento estricto de la ley. Espera ejemplaridad. Espera sensibilidad frente a las dificultades económicas que atraviesan miles de familias. Espera prudencia. Y espera, sobre todo, que quienes administran el poder comprendan que la confianza pública es un patrimonio colectivo que debe protegerse permanentemente.

Las democracias sólidas se construyen sobre la base de conductas individuales que honren la investidura. Cuando aparecen situaciones que generan desconcierto o sospechas, corresponde brindar explicaciones claras y convincentes. Sin embargo, incluso cuando esas explicaciones existen, como la expuso el pro secretario de presidencia Jorge Díaz, mas que aclarar oscurece, cuando se insiste en que aún no había asumido oficialmente la presidencia. La picardía, la viveza, como se dejo traslucir, no es de recibo. No todo lo que puede hacerse resulta conveniente para quien tiene la responsabilidad de representar a todo un país.

La ética pública exige mucho más que legalidad. Exige sentido de la oportunidad, conciencia del ejemplo que se brinda y respeto por una ciudadanía que reclama igualdad de trato. Porque en la función pública, los descuentos más costosos suelen ser aquellos que terminan rebajando la confianza de la gente.