La condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina no solo revela la corrupción de una figura clave del kirchnerismo, sino que también pone en evidencia una modalidad de liderazgo que, revestido de ropajes populares, opera desde los sillones mullidos del poder para servirse del Estado en beneficio propio. Esa misma lógica, aunque con matices locales, encuentra espejos preocupantes en nuestra costa del Río de la Plata.

Cristina se presenta como una "resistente", una especie de Juana de Arco del sur, perseguida por una oligarquía que, curiosamente, nunca le impidió acumular un patrimonio millonario ni ocupar los cargos más altos del país durante más de una década. Como bien señalaron sus primeros denunciantes, Jorge Lanata y Elisa Carrió, su delito no fue de los que se cometen en un rapto de desesperación ni por hambre. No. Su corrupción fue planificada, fría, de salón alfombrado y despacho oficial.

No empuñó un arma ni militó en los momentos duros. Ella y Néstor supieron irse a la Patagonia cuando en La Plata la situación se volvía incómoda. Mientras otros caían en la violencia política de los años setenta –una violencia que repudiamos sin dobleces–, ellos hacían carrera como abogados que embargaban propiedades. El relato de la "militancia" vino después, cuando los tiempos estaban maduros para el espectáculo. Y la épica peronista fue adoptada como una máscara más, útil para ganar votos en los barrios mientras se construían fortunas en el poder.

Ese modelo, que en Argentina generó fervor pero también un daño institucional incalculable, ha tenido ecos en Uruguay. Aquí también hemos visto a figuras que se proclaman representantes del pueblo, pero que viven muy lejos del pueblo. Que se visten de progresistas, pero que no renuncian a las comodidades burguesas que tan fácilmente critican. Que se indignan con los ricos, mientras firman contratos con multinacionales y se hospedan en hoteles cinco estrellas.

El progresismo uruguayo, o al menos ciertos sectores del mismo, ha sabido adoptar lo peor del kirchnerismo: el culto al relato, la victimización selectiva, la doble moral frente a la corrupción y una creciente desconexión con la realidad de la gente común. No es casual que muchos de sus referentes hayan defendido o relativizado el prontuario judicial de Cristina, como si la afinidad ideológica los liberara de la obligación ética de repudiar el robo al Estado.

Cuando aquí se denuncia el uso discrecional de fondos públicos, como en el reciente caso del desfalco en el Fondo Social de Vivienda de los obreros de la construcción (FOSVOC), el silencio es ensordecedor. No hay conferencias indignadas ni proclamas en la plaza. La maquinaria del relato se pone en marcha para minimizar, distraer o culpabilizar al adversario. Es una lógica que, en lugar de combatir la desigualdad, la consolida desde el cinismo.

Cristina aspira a cumplir prisión domiciliaria en su apartamento de lujo. ¿Cuántos uruguayos recuerdan también aquí cómo ciertas figuras públicas, ante la mínima rendición de cuentas, se parapetan en sus castillos de relato, acusando persecución política? El recurso de la víctima es tan útil como falso cuando lo que está en juego es una administración fraudulenta o el uso clientelista del Estado.

El caso de Cristina Fernández no debería verse con distancia. Es un espejo incómodo. Porque lo que se pone en evidencia no es solo la corrupción de una ex presidenta, sino una forma de hacer política que se dice popular, pero que actúa como una oligarquía ilustrada, incapaz de renunciar a los privilegios que denuncia.

Por eso, aunque seis años de prisión puedan parecer una sanción leve frente al daño causado, lo más importante sería que su caída sirva como advertencia. Para que en Uruguay no terminemos importando no solo el modelo político del kirchnerismo, sino también su cinismo. Porque cuando el relato reemplaza a la verdad, la democracia se vacía. Y lo que queda es solo una caricatura de justicia social.