Hay cosas que en democracia deberían tener un límite. Y una de ellas es la pretensión de que la Fiscalía de la Nación sea confiable solamente cuando sus decisiones coinciden con los intereses del gobierno de turno. Por eso las declaraciones y cuestionamientos surgidos desde filas del oficialismo hacia la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, no pueden ser tomados como una simple discusión política. Mucho menos cuando se llega al extremo de sostener que, para el Frente Amplio, “no hay garantías” con Ferrero al frente de la Fiscalía. Si esas expresiones fueron efectivamente formuladas en esos términos, estamos frente a una señal institucionalmente preocupante.

Porque una cosa es cuestionar una decisión fiscal, discrepar con una investigación o sostener que determinada actuación merece ser revisada. Eso forma parte de la democracia. Otra, muy diferente, es instalar la idea de que la máxima autoridad del Ministerio Público carece de garantías porque sus decisiones pueden afectar intereses políticos del oficialismo.

¿Desde cuándo la Fiscalía tiene que ofrecer garantías políticas? ¿Garantías para quién? ¿Para el gobierno, para la oposición, para los dirigentes investigados o para la sociedad? La respuesta debería ser obvia: para nadie en particular y para todos por igual. La Fiscalía no está para tranquilizar gobiernos ni para satisfacer oposiciones. Está para actuar conforme a la ley.

Y aquí aparece una contradicción que la política uruguaya parece repetir una y otra vez. Durante años, desde la oposición se cuestionó duramente al entonces fiscal de Corte Jorge Díaz. Ahora, desde el oficialismo, aparecen cuestionamientos contra quien ocupa circunstancialmente esa responsabilidad. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, pero permanece la misma peligrosa costumbre: cuando una Fiscalía investiga o decide algo que molesta, inmediatamente aparece la sospecha sobre quien conduce el organismo.

Es el viejo recurso de mirar al adversario en el espejo y descubrir allí exactamente aquello que antes se denunciaba. No es serio. Tampoco es saludable para la República. Las investigaciones sobre el Antel Arena, Besozzi, Pablo Karam, Cardama o cualquier otro asunto deben discutirse en los ámbitos correspondientes, con argumentos jurídicos, pruebas y procedimientos. No desde los comités de base, las tribunas partidarias ni las declaraciones políticas destinadas a generar presión.

Porque cuando un dirigente político dice que una Fiscalía no ofrece garantías para su partido, el problema no queda limitado a la persona cuestionada. El mensaje que recibe la sociedad es mucho más grave: que una institución fundamental del Estado comienza a ser evaluada según el color político de quienes gobiernan. Y eso es exactamente lo que no debería ocurrir. La democracia no consiste en tener fiscales amigos. Tampoco en tener fiscales enemigos. Consiste en aceptar que las instituciones funcionan incluso cuando sus decisiones nos incomodan.

El Frente Amplio, que durante años reclamó independencia para las instituciones cuando estaba en la oposición, debería ser especialmente cuidadoso ahora que ocupa el gobierno. Y la oposición, por supuesto, también debería recordar que defender la independencia de la Fiscalía no puede ser una bandera circunstancial. Porque mañana los nombres serán otros.

Lo que está en juego, en definitiva, no es Mónica Ferrero. Tampoco Jorge Díaz. Ni ninguna investigación concreta. Lo que está en juego es algo bastante más importante: si Uruguay seguirá teniendo instituciones que respondan a la ley o si cada gobierno terminará reclamando una Fiscalía que le resulte políticamente cómoda.

La Fiscalía no puede tener color partidario. Y cuando la política empieza a exigir garantías a los fiscales, quizá haya llegado el momento de recordarles a todos que las garantías no son para los gobiernos. Son para la República.