En política, las palabras nunca son inocentes. Menos aún cuando provienen de dirigentes que ocupan posiciones de liderazgo dentro del sistema democrático. Por eso, la frase pronunciada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha generado un inevitable debate político y ético: “prefiero mentir que no tener recursos para hacer políticas públicas”.

La afirmación surgió en medio de las críticas de la oposición al gobierno del presidente Yamandú Orsi por la inclusión de nuevos tributos en la Ley de Presupuesto, pese a que durante la campaña electoral se prometió no aumentar ni crear impuestos. Entre las medidas se encuentran el Impuesto Mínimo Global a multinacionales, gravámenes a ganancias de capital en el exterior y el IVA a compras online en plataformas como TEMU.

Más allá del contenido de esas medidas, que pueden ser discutibles o defendibles desde el punto de vista económico, el verdadero problema radica en el razonamiento que se desprende de la frase de Pereira: la idea de que mentir en campaña pre electoral puede ser aceptable si el objetivo final es considerado noble.

La democracia se sostiene sobre un principio básico: la confianza entre gobernantes y ciudadanos. Esa confianza se construye, en buena medida, a partir de las promesas electorales. Los votantes eligen proyectos políticos basándose en compromisos que, aunque puedan sufrir ajustes por la realidad, no deberían convertirse en simples instrumentos descartables.

Cuando un dirigente político afirma abiertamente que es preferible mentir, se corre un límite peligroso. Porque la discusión deja de ser sobre políticas públicas —si conviene o no crear determinado impuesto— y pasa a ser sobre la legitimidad del propio proceso democrático.

Es cierto que ningún gobierno gobierna exactamente el país que imaginó en campaña. Las circunstancias cambian: crisis económicas, conflictos internacionales o situaciones imprevistas pueden obligar a modificar prioridades. El propio Pereira argumentó que el gobierno recibió un déficit fiscal mayor al esperado y que el contexto internacional es complejo. Pero adaptar una política a la realidad no es lo mismo que justificar la mentira como método.

La política democrática admite rectificaciones. Los gobiernos pueden reconocer errores, admitir que ciertas promesas no pudieron cumplirse y explicar con transparencia las razones. Ese ejercicio de honestidad, lejos de debilitar a un gobierno, suele fortalecerlo.

Sin embargo, la lógica expresada por Pereira parece ir en dirección contraria: no se trata de reconocer una contradicción o pedir comprensión a la ciudadanía, sino de reivindicar la mentira como herramienta política válida si el fin es considerado socialmente justo. Ese razonamiento recuerda una vieja tentación del poder: la idea de que los fines justifican los medios. Y cuando esa lógica se instala, el deterioro institucional suele comenzar por el lenguaje.

Uruguay ha construido, a lo largo de décadas, una reputación democrática basada precisamente en el respeto por las reglas, la institucionalidad y la palabra empeñada. Por eso mismo, declaraciones como esta generan inquietud más allá de las fronteras partidarias.

Porque cuando la mentira se normaliza en el discurso político, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de un gobierno o de un dirigente. Lo que se pone en juego, en última instancia, es la confianza de los ciudadanos en el propio sistema democrático. Y esa es una pérdida que ningún presupuesto puede compensar.