En Uruguay se habla con frecuencia de la dictadura cívico-militar de los años 70 y 80. Y de ese período, sin duda, queda un aprendizaje valioso e irrenunciable: la defensa de la democracia, la necesidad de una clase política sensible y realista atenta a las necesidades y aspiraciones de la gente  y la necesidad de una justicia verdaderamente independiente.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha instalado una memoria selectiva. Se condena —con razón— el accionar del Estado durante la dictadura, pero al mismo tiempo se omite o minimiza el contexto previo que llevó al quiebre institucional. La violencia política, la acción del LMN Tupamaros  y otras organizaciones guerrilleras menores, y el desorden social y económico que también formaron parte de esa realidad que la dirigencia de la época no supo encauzar con responsabilidad.

El país se fue debilitando institucionalmente hasta caer en una confrontación interna que terminó de la peor manera: la instalación de una dictadura civica- militar y una espiral de violencia donde hubo víctimas en ambos bandos. No obstante, el relato dominante parece haber dejado de lado una parte de esa historia.

Hoy, décadas después, muchos de quienes integraron aquellos movimientos insurgentes se han integrado al sistema democrático que combatieron. Ocupan espacios de poder, gozan de reconocimiento social, además de disfrutar de jubilaciones y pensiones reparatorias que se aseguraron fueran “hereditarias” hasta para una tercera linea generacional. Lo que lógicamente genera cuestionamientos en amplios sectores de la sociedad. Mientras tanto, militares que participaron en aquel conflicto están privados de libertad, en un escenario que muchos perciben como desequilibrado en términos de justicia. Máxime, cuando al retorno de la democracia, hubo una amnistía tanto para unos como a otros. Para militares y policías, también se aprobó y refrendó por dos plebiscitos donde la ciudadanía se manifestó. En un estado respetuoso del derecho, no cabe una ley interpretativa que tuerce, ignore, la voluntad del soberano, como se “arregló” y desconoció.

Esto no implica justificar los abusos del Estado, que existieron y deben ser condenados sin matices. Pero tampoco puede sostenerse una visión parcial que omita responsabilidades compartidas o que transforme la historia en un relato unilateral, como ha pasado con la historia reciente, de la que personalmente fui testigo y por lo consiguiente no coincido con la que prevalece por relatos interesados.

Uruguay enfrenta hoy desafíos económicos y sociales complejos, en un contexto regional e internacional incierto. Sin embargo, algunas señales del gobierno generan inquietud, especialmente cuando parecen priorizarse enfoques ideológicos por encima de criterios pragmáticos.

La experiencia de otros países que han transitado modelos inspirados en el llamado “socialismo del siglo XXI” no es alentadora. En muchos casos, esas experiencias derivaron en crisis económicas profundas, deterioro institucional y pérdida de libertades. Cuba, como último bastión de ese modelo, atraviesa una situación crítica que difícilmente pueda considerarse un ejemplo a seguir.

Uruguay necesita, más que nunca, realismo, responsabilidad y sentido de equilibrio. El Estado debe dar señales claras de austeridad y eficiencia. Los sindicatos, por su parte, tienen el desafío de asumir un rol constructivo, entendiendo que la inversión y el emprendimiento son claves para generar empleo genuino. Preocupa, en este sentido, cierta desconexión entre la dirigencia política y una parte importante de la ciudadanía. La insistencia en modelos que amplían el rol del Estado sin considerar sus límites reales puede conducir a errores ya conocidos.

No se trata de negar ideales ni de imponer verdades absolutas. Se trata de aprender de la historia completa, sin omisiones convenientes, y de actuar con responsabilidad frente al presente. Porque cuando la memoria se vuelve selectiva, el riesgo no es solo interpretar mal el pasado, sino también equivocarse en el rumbo del futuro.