En los últimos años el escenario epidemiológico regional y mundial ha vuelto a encender algunas alertas sanitarias que no deberían existir en pleno siglo XXI. El incremento en la transmisión de enfermedades perfectamente prevenibles mediante vacunación demuestra que el problema no se limita únicamente a las políticas públicas de salud, sino también a la actitud de ciertos sectores de la sociedad frente a la prevención.

La humanidad cuenta hoy con conocimiento científico suficiente y con herramientas sanitarias eficaces para evitar la propagación de numerosas enfermedades transmisibles. Las vacunas han sido, sin discusión, uno de los avances más trascendentes de la medicina moderna. Sin embargo, pese a la evidencia acumulada durante décadas, en distintos países —incluido Uruguay— han ganado visibilidad corrientes de opinión que cuestionan su utilidad o siembran dudas sobre su seguridad.

Buena parte de estas posturas se amplifica a través de redes sociales, donde la circulación de información incompleta, tergiversada o directamente falsa encuentra terreno fértil. El problema no es menor: cuando una parte de la población decide no vacunarse, no solo se expone individualmente al riesgo de enfermar, sino que debilita la llamada inmunidad colectiva que protege a toda la comunidad.

Es cierto que, desde el punto de vista médico, ninguna intervención sanitaria está completamente exenta de riesgos. Las estadísticas muestran que existe un porcentaje mínimo de personas que pueden presentar reacciones adversas ante determinadas vacunas, generalmente debido a condiciones particulares de su organismo. Pero esa realidad, reconocida por la propia comunidad científica, jamás ha puesto en duda la ecuación fundamental entre riesgo y beneficio.

Y esa ecuación es contundente: los beneficios de las campañas de vacunación superan de forma abrumadora cualquier eventual efecto adverso. Gracias a ellas, enfermedades que durante siglos provocaron epidemias devastadoras hoy están controladas o prácticamente erradicadas. La viruela desapareció del mundo, la poliomielitis ha sido eliminada en vastas regiones del planeta y múltiples patologías infantiles dejaron de ser una amenaza cotidiana para millones de familias.

Incluso en tiempos recientes quedó demostrado el valor de la investigación científica aplicada a la inmunización. La pandemia de COVID-19 evidenció la importancia de contar con vacunas capaces de reducir la gravedad de la enfermedad, evitar hospitalizaciones masivas y salvar innumerables vidas. Sin ellas, las consecuencias sanitarias y sociales habrían sido todavía más dramáticas.

El desafío actual es doble. Por un lado, corresponde a los Estados mantener políticas de vacunación claras, accesibles y sostenidas en el tiempo. Por otro, es imprescindible reforzar la educación sanitaria y combatir activamente la desinformación que circula en espacios digitales y que muchas veces confunde a la población.

En este contexto, Uruguay se prepara para una nueva campaña de vacunación contra la influenza de cara al otoño. Las autoridades sanitarias han adquirido las dosis necesarias para enfrentar posibles focos de gripe, incluyendo variantes que ya circularon en el invierno europeo y que podrían aparecer en nuestra región. La prevención vuelve a ser la herramienta más eficaz.

Vacunarse no es únicamente una decisión individual. Es, sobre todo, un acto de responsabilidad social. Cada persona inmunizada contribuye a proteger a los más vulnerables: niños pequeños, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas.

La historia de la salud pública demuestra que cuando la ciencia y la responsabilidad colectiva avanzan juntas, la humanidad logra vencer enfermedades que parecían inevitables. Ignorar esa evidencia por prejuicios o desinformación sería, sencillamente, un retroceso que la sociedad no puede permitirse.