La clase política, sin distinción de partidos, tiene que dejar de buscar responsables en el pasado y comenzar por reconocer sus propios errores. El país no puede seguir perdiendo oportunidades, deteriorando su educación y resignándose a una sociedad donde el esfuerzo, la responsabilidad y los valores parecen haber dejado de ser prioridades.

Y ya es hora de terminar con el eterno ejercicio de echarle la culpa al que estuvo antes. La herencia recibida no puede ser una excusa permanente, como tampoco pueden serlo las dificultades económicas internacionales o las circunstancias de cada administración. Todos han tenido responsabilidades. Todos deben rendir cuentas. Y todos deberían tener la grandeza de reconocer cuánto han contribuido, por acción u omisión, a la realidad que hoy tenemos.

Basta mirar la educación para comprender la dimensión del problema. Aquella escuela pública que formó a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestra generación y también a nuestros hijos, ya no ofrece los resultados, las exigencias ni la calidad que supo representar. No alcanza con que los alumnos concurran a clase, ni con maquillar estadísticas de asistencia. Hay que enseñar, aprender, exigir y formar. Que un joven termine la educación obligatoria sin los conocimientos necesarios es una derrota del sistema y, fundamentalmente, de quienes tienen la obligación de brindarla y conducirla.

No podemos cargar sobre los jóvenes responsabilidades que corresponden, en buena medida, a los adultos que debieron formarlos y ofrecerles un ejemplo. Los políticos también son espejo de la sociedad. Y muchos de quienes hoy ocupan cargos de responsabilidad ya no son adolescentes a quienes se les pueda disculpar la falta de madurez. Son hombres y mujeres que deberían demostrar conducta, seriedad, responsabilidad y respeto por las instituciones. ¿Con qué autoridad se reclama compromiso, cuando desde la propia dirigencia tantas veces se exhiben enfrentamientos estériles, contradicciones, privilegios y comportamientos que distan de ser ejemplares?

También debemos revisar el asistencialismo que, cuando se transforma en una respuesta permanente y no en una herramienta transitoria, termina debilitando la cultura del trabajo y la superación. La solidaridad es indispensable, pero no puede sustituir la educación, la capacitación, el empleo y la responsabilidad individual. El Estado debe ayudar a quien lo necesita, pero también debe generar las condiciones para que pueda salir adelante por sus propios medios. No se construye una sociedad próspera acostumbrándola a depender.

La inseguridad es otra señal de alarma. Los robos, los hurtos, la violencia, la reincidencia y la saturación del sistema penitenciario reclaman respuestas mucho más profundas que los anuncios de ocasión. La Policía necesita respaldo y recursos, la Justicia debe poder actuar y las cárceles no pueden convertirse en depósitos humanos sin posibilidades reales de rehabilitación. Pero tampoco podemos ignorar que detrás de buena parte de esta realidad existe una fractura social, educativa y familiar que se viene profundizando.

Al presidente Yamandú Orsi le corresponde, en este contexto, asumir también una responsabilidad de convocatoria. La próxima visita del Papa puede constituir una oportunidad para promover un mensaje de reconciliación, acercamiento familiar y recuperación de valores, sin imposiciones ni partidismos.

Uruguay tiene fortalezas que no debemos desconocer: estabilidad institucional, certeza jurídica y una tradición democrática que debemos preservar. Pero esas fortalezas no pueden servirnos de consuelo para disimular lo que está fallando. Tampoco podemos seguir alimentando las divisiones de nuestro pasado reciente. Excesos hubo de un lado y del otro. Es hora de superar definitivamente esa etapa, sin borrar la historia, pero sin permitir que siga condicionando nuestro futuro.

El Uruguay no necesita políticos que se consideren dueños de la verdad ni administradores de las culpas ajenas. Necesita dirigentes que tengan el coraje de mirarse al espejo, reconocer sus errores y cambiar el rumbo. Porque la deuda que tenemos con las nuevas generaciones no es solamente económica: es educativa, moral, institucional y, sobre todo, de futuro.