La interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por la situación del INAU, dejó un saldo tan preocupante como el problema que pretendía abordar: ningún resultado concreto, ninguna medida consensuada y, lo más grave, ninguna señal clara de que la protección de los menores bajo tutela del Estado vaya a mejorar en el corto plazo.

El debate parlamentario expuso, una vez más, la grieta entre oficialismo y oposición. Desde un lado se apuntó con dureza a la gestión actual, señalando fallas graves en la protección de niños y adolescentes. Desde el otro, se insistió en que los problemas no son nuevos, sino que se arrastran desde administraciones anteriores. Ambas posturas pueden tener algo de verdad. Pero el problema es que, mientras se reparten responsabilidades, nadie parece hacerse cargo de las soluciones.

Lo ocurrido en la Cámara de Diputados es, en ese sentido, una señal alarmante. Legisladores del Frente Amplio, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana no lograron acuerdo en base a ninguna de las mociones presentadas. El resultado fue un empate político que, lejos de ser neutro, implica un fracaso colectivo. Porque cuando no hay acuerdos en temas de esta magnitud, lo que queda es la inacción. Y en este caso, la inacción tiene consecuencias humanas irreparables.

Las muertes de menores bajo la tutela del Estado no son cifras ni estadísticas. Son tragedias que interpelan directamente a todo el sistema político. Sin embargo, tras horas de debate, el Parlamento no fue capaz de generar una respuesta institucional que esté a la altura de la gravedad de los hechos. La oposición se retiró con más dudas que certezas, y el oficialismo optó por una defensa que, en algunos momentos, pareció más preocupada por cuestionar el tono de las críticas que por asumir la dimensión del problema.

No resulta aceptable que, ante un tema de esta sensibilidad, las autoridades se muestren más incómodas por los cuestionamientos que urgidas por las soluciones. Señalar que algunos planteos no fueron “constructivos” o que el debate se “frivolizó” puede tener sentido en la lógica política, pero suena desconectado de la realidad cuando lo que está en juego es la vida de niños y adolescentes.

Es cierto que desde el INAU se reconocieron problemas estructurales y se anunciaron cambios, como el cierre de centros de breve estadía y la implementación de nuevos dispositivos. También es comprensible que ciertos detalles no puedan difundirse por estar bajo investigación. Pero el reconocimiento, por sí solo, no alcanza. La ciudadanía necesita garantías de que las fallas detectadas no se repetirán, y esas garantías deben traducirse en políticas claras, controles efectivos y responsabilidades asumidas.

El trasfondo de este episodio es más profundo: revela una dificultad persistente de la clase política para construir acuerdos en temas esenciales. La infancia vulnerable no puede ser rehén de disputas partidarias ni de cálculos electorales. El Estado, en su conjunto, tiene la obligación indelegable de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.

Cuando esa protección falla, no hay excusas que alcancen. Y cuando la política no logra reaccionar con unidad frente a ese fracaso, lo que queda es una sensación inquietante: que los niños más vulnerables siguen esperando, mientras quienes deben cuidarlos continúan discutiendo sin resolver.