La discusión sobre la negociación colectiva en Uruguay vuelve a instalarse con fuerza en un contexto económico que exige dinamismo, inversión y creación sostenida de empleo. No se trata de cuestionar el diálogo social ni la tradición institucional del país, sino de preguntarse si el actual diseño normativo responde adecuadamente a los desafíos de una economía abierta y altamente competitiva.

La Organización Internacional del Trabajo ha sostenido reiteradamente que la negociación colectiva debe fundarse en el acuerdo libre entre las partes, y que la extensión de los convenios debe respetar estándares claros de representatividad y proporcionalidad. El organismo no impugna el diálogo social; por el contrario, lo promueve. Pero advierte sobre el riesgo de que ciertas regulaciones transformen acuerdos sectoriales en imposiciones generales sin suficiente respaldo en la autonomía de empleadores y trabajadores. Ese es un punto que Uruguay debería considerar con seriedad.

Desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005, el modelo ha sido defendido —especialmente por el Frente Amplio— como una herramienta de cohesión social y mejora distributiva. Y es justo reconocer que el sistema contribuyó a ordenar relaciones laborales y a fortalecer ingresos en determinados períodos de crecimiento.

Sin embargo, también es cierto que el esquema presenta rigideces. La centralización de la negociación, la extensión automática de convenios y la escasa adaptación a realidades sectoriales o empresariales heterogéneas dificultan acuerdos más flexibles. En un país donde conviven grandes exportadoras con pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno, la uniformidad normativa puede convertirse en un obstáculo.

El contexto actual agrava esa tensión. Uruguay compite con países de la región por atraer inversiones productivas. En ese escenario, el marco regulatorio laboral no es un detalle técnico: es un componente esencial del clima de negocios. 

La previsibilidad jurídica, la flexibilidad razonable en la negociación y la posibilidad de adaptar condiciones a la realidad de cada empresa pesan en la decisión de invertir, especialmente en sectores intensivos en mano de obra o sujetos a ciclos internacionales volátiles.

Un régimen excesivamente rígido o centralizado puede desalentar proyectos antes incluso de que se concreten. El riesgo no es teórico: en un contexto de desaceleración económica y competencia creciente por capitales, cada señal cuenta.

Modernizar no significa desproteger. No se trata de desmantelar derechos ni de debilitar la representación sindical. Significa ajustar mecanismos para que la negociación colectiva preserve su esencia democrática sin transformarse en un corsé que limite la competitividad y la generación de empleo. Significa habilitar mayores espacios para la negociación a nivel de empresa, introducir cláusulas de adaptación y revisar criterios de extensión de convenios a la luz de estándares internacionales.

Sin embargo, bajo la actual administracion nacional, no parece existir voluntad política en esa dirección. Por el contrario, los anuncios apuntan a profundizar regulaciones. Esa orientación, lejos de responder a la realidad productiva, puede agravar las dificultades de muchas empresas que ya operan con márgenes estrechos.

La discusión no debería reducirse a una falsa dicotomía entre “derechos” y “mercado”. El desafío es construir un sistema equilibrado que garantice protección efectiva a los trabajadores y, al mismo tiempo, promueva la creación de empleo formal y la llegada de capital. Dentro de ese esquema, la actualización del marco laboral es condición básica para alcanzar el equilibrio siempre invocado.