La economía no entiende de discursos ni de buenas intenciones. Tarde o temprano, las cuentas terminan imponiéndose sobre la política. Y eso es precisamente lo que acaba de marcar la calificadora Moody's al advertir que la deuda pública uruguaya continúa en ascenso y que las medidas planteadas por el gobierno son insuficientes para detener la tendencia. No se trata de una rebaja de la calificación crediticia, lo que algunos podrán utilizar para relativizar el informe. Sería un grave error. Cuando una de las calificadora más respetadas del mundo señala que el país transita un camino de creciente riesgo, conviene escuchar antes que buscar explicaciones políticas. Las advertencias llegan precisamente antes de que los problemas se transformen en crisis.

El dato más preocupante es contundente. Moody's proyecta que la deuda pública pasará de representar el 60% del Producto Interno Bruto este año a superar el 65% en 2030. Es decir, Uruguay seguirá endeudándose más rápido de lo que crece su economía. Ecuación que nunca termina bien.

El problema es conocido desde hace años, pero este gobierno parece empeñado en profundizarlo. Continúa aumentando sus compromisos mientras apuesta a ingresos futuros inciertos. Los gastos ya fueron aprobados en el Presupuesto y ahora la Rendición de Cuentas vuelve a incrementarlos. En cambio, la recaudación depende de que la economía crezca, de que las empresas obtengan ganancias y de que el consumo acompañe. Son variables sobre las cuales ningún gobierno tiene control absoluto. La administración confía, además, en ingresos provenientes de nuevos impuestos, de una mayor eficiencia recaudatoria de la DGI y del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico. Sin embargo, la propia Moody's advierte que esas proyecciones podrían ser demasiado optimistas y que esos recursos suelen materializarse más lentamente de lo previsto.

Gobernar apoyándose en ingresos hipotéticos mientras el gasto aumenta es una estrategia extremadamente riesgosa. Si la recaudación no alcanza las cifras esperadas, el déficit crecerá, la deuda volverá a expandirse y el país tendrá que financiar ese desbalance pagando intereses cada vez más elevados.

A esto se suma un escenario internacional que tampoco ayuda. La nueva escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo, una mala noticia para un país importador neto de energía como Uruguay. Al mismo tiempo, las tasas de interés internacionales permanecen elevadas, encareciendo el costo del financiamiento para todos los países emergentes.

Uruguay  esta llegando a una situación fiscal muy frágil. No porque falten recursos naturales, inversiones potenciales o capacidad productiva, sino porque el gasto público continúa creciendo sin que exista una decisión firme de revisar el tamaño y la eficiencia del Estado. Durante décadas, se han ido acumulando estructuras, organismos, cargos, programas y gastos que muchas veces se superponen y cuya utilidad real nunca evalúa. Nadie parece dispuesto a asumir el costo político de reducir un aparato estatal que consume una parte creciente de los recursos nacionales.

Ya no alcanza con administrar esta situación. Es imprescindible revisar el funcionamiento del Estado, eliminar gastos innecesarios, reducir estructuras burocráticas, racionalizar  y  cerrar empresas públicas deficitarias y priorizar aquellos recursos que verdaderamente generan desarrollo, seguridad, educación e infraestructura.

Moody's no hizo más que poner por escrito una realidad que muchos economistas vienen señalando desde hace tiempo. El verdadero desafío ya no consiste en recaudar más, sino en aprender, a gastar menos. Porque cuando el Estado vive por encima de sus posibilidades, toda la sociedad termina pagando la cuenta.