Las recientes declaraciones del senador del Movimiento de Participación Popular, Daniel Caggiani, acerca de que algunos actores de la oposición estarían "corriendo ciertos límites de lo permitido, lo acordado y lo convenido", así como su referencia a una supuesta "derecha carnívora" que estaría canibalizando determinadas formas de hacer política en Uruguay, invitan a una reflexión que va más allá de la coyuntura. Porque si algo no debería faltar en política es memoria. 

Es comprensible que quienes hoy ejercen responsabilidades de gobierno se sientan incómodos ante cuestionamientos permanentes. Gobernar implica tomar decisiones, asumir costos y enfrentar críticas. Sin embargo, resulta difícil no advertir cierta contradicción cuando esas quejas provienen de sectores que durante los últimos cinco años protagonizaron una oposición particularmente intensa contra el gobierno de Luis Lacalle Pou y la coalición multicolor.                                                                                                                                   

No se trata de emitir un juicio de valor sobre si aquella actitud fue correcta o incorrecta. La oposición tiene el derecho y, muchas veces, la obligación de controlar, cuestionar y marcar diferencias con quienes gobiernan. Pero precisamente por eso sorprende que ahora algunos dirigentes frenteamplistas parezcan escandalizarse por prácticas políticas que ellos mismos utilizaron con vigor. Desde el comienzo mismo de la administración anterior, el Frente Amplio mantuvo una postura crítica prácticamente permanente. Durante la pandemia cuestionó decisiones sanitarias y económicas. Más adelante, tampoco dejó de señalar responsabilidades gubernamentales frente a fenómenos que escapaban en buena medida al control de Uruguay, como los efectos globales de la guerra entre Rusia y Ucrania. A ello se sumaron las críticas derivadas de la prolongada sequía, la crisis hídrica, las consecuencias del desbalance cambiario con Argentina y una larga lista de asuntos que ocuparon la agenda pública.       

Nada fue concedido gratuitamente al gobierno de entonces. Pero además hubo acciones políticas de enorme magnitud. La recolección de firmas para convocar un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración y, posteriormente, el impulso de distintos mecanismos de democracia directa constituyeron expresiones legítimas de una oposición firme, decidida y combativa. Difícilmente alguien pueda sostener que el Frente Amplio actuó con pasividad durante aquellos años.                                                                                                               

Por eso, cuando hoy se cuestiona la dureza de la oposición actual, conviene recordar que la política democrática funciona precisamente sobre la base de la alternancia de roles. Quien hoy gobierna, mañana puede ser oposición. Y quien hoy critica, ayer fue criticado.                   

Existe un viejo dicho popular que afirma que "el que a hierro mata, a hierro muere". Más allá de la crudeza de la expresión, contiene una enseñanza política evidente: no es razonable reclamar para uno mismo un trato distinto al que se dispensó a los adversarios cuando las posiciones eran inversas. Por supuesto, sería deseable una política menos confrontativa y más orientada a los acuerdos. Uruguay necesita consensos para enfrentar desafíos complejos en materia de seguridad, educación, empleo y desarrollo. Pero esos consensos no pueden construirse a partir de la descalificación de la crítica ni del olvido conveniente del pasado reciente.                               

La ciudadanía observa con creciente distancia estas disputas. Muchos uruguayos perciben que gobierno y oposición suelen intercambiarse los papeles sin modificar demasiado sus comportamientos. Lo que cambia es el lugar que ocupan en el escenario.Quizás la mejor lección sea reconocer que la crítica, incluso cuando incomoda, forma parte esencial de la democracia. Y que antes de denunciar excesos ajenos, siempre es saludable mirar el espejo de la propia historia política.