En un contexto donde la salud pública es uno de los pilares fundamentales del Estado, cualquier movimiento dentro de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) debería estar guiado por la transparencia, la planificación estratégica y, sobre todo, la sensibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, la reciente polémica en torno a una supuesta reestructura gerencial, con aumentos salariales y creación de cargos, evidencia una preocupante falta de claridad por parte del oficialismo.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, salió al cruce de las denuncias de la oposición afirmando que "la reestructura salarial no se aplicó" y que los 14 aumentos de sueldo anunciados se encuentran "en suspenso". A esta explicación, lejos de disipar dudas, se suman nuevas interrogantes. ¿Por qué se llegó al punto de tener que suspender una medida que, según los propios jerarcas, ni siquiera se había implementado? ¿Cómo se filtraron datos tan concretos, como la creación de 52 nuevos cargos y más de 40 aumentos gerenciales, sin una base real?

La defensa oficial señala que muchos de los datos divulgados por la prensa y recogidos por la oposición son falsos. No obstante, las propias autoridades reconocen la creación del cargo de subgerente general, bajo el argumento de que antes existía una figura informal desempeñando ese rol sin respaldo jurídico. Este tipo de argumentaciones, aunque puedan tener asidero en términos administrativos, terminan sonando a justificación forzada cuando se las enmarca en un clima de creciente desconfianza y malestar.

La oposición, por su parte, ha sido clara y rápida en reaccionar. Los diputados nacionalistas Amín Niffouri y José Luis Satdjian convocaron con urgencia a las autoridades al Parlamento. En su conferencia de prensa fueron categóricos: según sus cifras, se trata de más de tres millones de dólares anuales en gastos nuevos, en plena reestructura que supuestamente implicaría un ahorro y una reducción de 133 funcionarios. La lógica simple que plantean es difícil de rebatir: ¿cómo es posible reducir personal y al mismo tiempo aumentar salarios gerenciales sin incrementar el gasto? La matemática no cierra.

Más preocupante aún es la falta de una narrativa coherente por parte de las autoridades de ASSE. Mientras Danza dice que los aumentos están "en revisión", su vicepresidente, Daniel Olesker, sostiene que los datos denunciados por la oposición son "falsos". ¿En qué quedamos? ¿Se aumentaron sueldos, se creó una batería de nuevos cargos o todo es una confusión mediática? El ciudadano común no tiene cómo discernir la verdad cuando los mensajes son contradictorios incluso dentro del mismo organismo.

La salud pública en Uruguay atraviesa un momento delicado, con desafíos estructurales, demandas crecientes y una presión constante por mejorar la eficiencia sin perder calidad ni cobertura. En este contexto, no se puede permitir que las cúpulas gerenciales parezcan más ocupadas en reorganizar beneficios y escalar cargos que en mejorar la atención médica o resolver los déficits del sistema.

Es legítimo pensar en optimizaciones, en nuevas figuras técnicas o gerenciales que ayuden a modernizar la gestión. Pero cuando las decisiones se toman en la penumbra, sin explicar adecuadamente a la población ni al Parlamento, y luego se las desmiente a medias, lo único que se logra es erosionar la confianza en el sistema público.

Si ASSE tiene un plan de reestructura, que lo explique con claridad, con números reales y objetivos concretos. Si no lo tiene, que lo diga con honestidad. Lo que no puede seguir ocurriendo es este doble discurso que da la sensación de improvisación, desorganización y opacidad. La salud pública merece respeto, y los ciudadanos, respuestas.