La anunciada decisión del gobierno de Yamandú Orsi de reactivar las relaciones consulares con Venezuela marca un giro diplomático que no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto político que lo precede. No se trata únicamente de un gesto burocrático orientado a facilitar trámites a los uruguayos que residen en ese país: es, en los hechos, una señal política de considerable peso que no debe subestimarse.

Durante el mandato de Luis Lacalle Pou, Uruguay adoptó una postura firme y clara frente al régimen de Nicolás Maduro. Esa política exterior se alineó con una parte significativa de la comunidad internacional que denunció la reelección del líder chavista como ilegítima y fraudulenta, en el marco de procesos electorales carentes de garantías, libertad y transparencia. Esta posición, aunque criticada por sectores afines a una visión más pragmática o ideológica, apuntaba a preservar ciertos principios democráticos fundamentales que, desde hace años, se ven sistemáticamente vulnerados en Venezuela.

Con la asunción de Orsi, presenciamos un cambio de tono en la política exterior uruguaya: más cauto, más “diplomático”, pero también más ambiguo. El nuevo gobierno sostiene que no reconoce la reelección de Maduro, y al mismo tiempo opta por reabrir canales consulares con Caracas. La medida se presenta como un acto de humanidad, necesario para proteger a ciudadanos uruguayos en situación de vulnerabilidad en un país que atraviesa un profundo colapso institucional, económico y social. Los argumentos son concretos: un compatriota detenido sin información oficial, otro fallecido sin la debida asistencia del Estado, y miles que requieren ayuda básica para sobrevivir en medio del caos.

¿Cómo no empatizar con esos casos? ¿Cómo no respaldar el deber del Estado de cuidar a sus ciudadanos, estén donde estén? La necesidad de brindar asistencia consular en contextos difíciles es real, y no puede ser desatendida. Sin embargo, es imperativo ir más allá del argumento meramente funcionalista y reconocer las implicancias políticas de esta decisión. Cuando un gobierno elige “acelerar el ritmo” para establecer vínculos —por mínimos que sean— con una dictadura, está inevitablemente enviando un mensaje político. Y cuando ese mensaje se emite sin transparencia, sin un debate parlamentario serio y sin una comunicación pública clara que establezca límites, objetivos y criterios, se corre el riesgo de caer en una peligrosa forma de tolerancia tácita.

Además, hay elementos adicionales que aumentan la preocupación. Sectores de la diáspora venezolana en Uruguay han alertado sobre la llegada de jerarcas vinculados al chavismo al país, lo que abre interrogantes incómodos. ¿Estamos frente a una estrategia diplomática limitada al auxilio consular o se está abriendo la puerta a una progresiva legitimación del régimen? ¿Podrá el gobierno garantizar que esta reapertura no derive en una “normalización” de relaciones políticas y diplomáticas con un gobierno que sigue siendo objeto de denuncias internacionales por violaciones sistemáticas de los derechos humanos?

El argumento del pragmatismo, tantas veces esgrimido en política exterior, no puede usarse como escudo sin considerar su costo moral. Asistir a nuestros ciudadanos en el extranjero es un deber del Estado, pero no debe implicar el silenciamiento frente a las atrocidades que se cometen al amparo de una dictadura. Uruguay puede —y debe— cumplir con sus obligaciones consulares, pero sin abdicar de los valores democráticos que históricamente han distinguido a su política internacional.

Restablecer relaciones consulares no puede ser sinónimo de restablecer la indiferencia. La diplomacia debe estar al servicio de las personas, sí, pero también —y sobre todo— al servicio de los principios. El desafío del gobierno de Orsi es encontrar ese delicado equilibrio sin caer en la complacencia ni en la resignación.