El derecho de huelga es una conquista legítima de los trabajadores. Nadie serio lo discute. Pero tan legítimo como el derecho a parar es el derecho a no hacerlo. Y cuando ese principio elemental deja de respetarse, el conflicto laboral abandona el terreno de las reivindicaciones para ingresar en el de la intimidación.

Los nuevos episodios registrados en obras de Maldonado, donde trabajadores que decidieron continuar desempeñando sus tareas fueron increpados por integrantes del SUNCA, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿dónde está el ministro de Trabajo? Porque no alcanza con observar los acontecimientos desde un despacho, ni con esperar indefinidamente que las partes encuentren una salida por sí solas. Gobernar también implica ejercer autoridad cuando la situación lo exige. Y hoy esa autoridad brilla por su ausencia.

Resulta incomprensible que un ministro cuya principal responsabilidad es velar por el respeto de las normas laborales permanezca prácticamente mudo mientras se naturalizan situaciones que jamás deberían ocurrir. Nadie puede ser hostigado, insultado o presionado por ejercer su derecho a trabajar. Nadie debería tener que elegir entre conservar su empleo o soportar amenazas por no adherir a una medida sindical.

En Uruguay parece haberse instalado una peligrosa lógica según la cual algunos derechos tienen más valor que otros. Se protege con firmeza el derecho a la huelga, pero se relativiza el derecho al trabajo cuando quien decide ejercerlo no coincide con la postura del sindicato. Esa doble vara es incompatible con un verdadero Estado de Derecho.

Si en este país la ley se hiciera cumplir con la misma firmeza con que se anuncian mesas de diálogo, quienes desean continuar trabajando tendrían la tranquilidad de hacerlo sin ser perseguidos. Pero eso no ocurre. Las normas existen. Lo que falta es voluntad política para hacerlas respetar.

El ministro de Trabajo parece haber adoptado como única estrategia dejar correr el tiempo. Convoca al diálogo, apela a la negociación, espera que las partes encuentren puntos de acuerdo. Esa actitud puede ser válida cuando existe disposición genuina para negociar. Pero cuando una de las partes recurre a la presión sobre otros trabajadores, la pasividad deja de ser prudencia para convertirse en complicidad por omisión.

Porque mientras el gobierno espera, los conflictos escalan. Mientras el ministerio observa, aumenta la tensión en las obras. Mientras se insiste en preservar un supuesto equilibrio entre empresarios y sindicatos, quienes quedan completamente desprotegidos son los trabajadores independientes de la estructura gremial, aquellos que simplemente desean cumplir con su jornada y llevar el jornal a sus hogares. El mensaje que hoy reciben es desolador: si deciden trabajar durante una huelga, deberán arreglárselas solos. Ese no puede ser el papel de un Estado democrático.

La autoridad no consiste en favorecer a empresarios ni en enfrentarse a los sindicatos. Consiste en garantizar que todos puedan ejercer sus derechos sin atropellar los de los demás. El ministro debería ser el primero en recordar públicamente a los dirigentes sindicales que la libertad sindical también implica respetar la libertad individual de cada trabajador. Porque un sindicato puede convocar a un paro. Lo que no puede hacer es imponerlo mediante la presión, el hostigamiento o el miedo.

Y si algunos dirigentes han olvidado ese límite, corresponde al Ministerio de Trabajo recordárselo con absoluta claridad. No mediante comunicados ambiguos ni declaraciones tibias, sino con una condena firme y con acciones concretas que garanticen que estos hechos no vuelvan a repetirse.

La democracia también se mide por la capacidad de proteger a las minorías. En este caso, a quienes deciden no adherir a una huelga. Si el gobierno no es capaz de garantizarles ese derecho elemental, estará enviando un mensaje gravísimo: que en Uruguay trabajar depende menos de la ley que de la tolerancia de quienes deciden parar. Y ese sería un fracaso que ningún ministro debería permitirse.