El desfile de autos salteños hacia Concordia, Barra do Quaraí o los freeshops de Artigas y Bella Unión se ha convertido en postal cotidiana. No es turismo, ni ocio, ni curiosidad: es la huida desesperada de un consumidor que ya no encuentra en su propio territorio lo que necesita o, peor aún, no lo puede pagar. El comercio local lo sufre. Tiendas que bajan la persiana, negocios que se achican, familias que vuelven a atender desde el living de su casa para sobrevivir. Y mientras tanto, desde Montevideo, apenas llegan palabras vacías y medidas que más parecen manotazos de ahogado que políticas públicas serias.

La región norte del país carga con un estancamiento económico que se ha vuelto endémico. Aquí no se trata solo de precios en góndola, sino de un Estado pesado, intrincado y voraz, que nunca se cansa de cobrar. Para cada emprendedor que intenta arriesgar, existe una pila de trámites, timbres, certificados, tasas y costos absurdos que solo cumplen con una función: asfixiarlo. Uruguay, que debería ser tierra fértil para la inversión y la creatividad, ha terminado siendo un laberinto de papeles donde todo demora y todo cuesta. Una máquina de impedir.

Lo más irritante es que no se trata de un mal exclusivo de este gobierno: el anterior hizo lo mismo. La política de fronteras, en particular, ha sido un compendio de improvisaciones y errores. El ejemplo más claro fue el recorte inconsulto al descuento en las naftas, que dejó a miles de familias y comerciantes pagando el precio de una decisión tomada a último minuto. Ni hablar de la tarjeta “BROU Recompensa”, que en vez de ser fortalecida fue desmantelada, cuando había demostrado ser una herramienta eficaz: 7 millones de inversión para un retorno de 700 millones al comercio local. Eso es política inteligente, pero en lugar de consolidarla, la liquidaron.

Lo paradójico es que mientras se habla de promover el turismo interno, lo que se ha estimulado, en la práctica, es el bagayo puro y duro. El cruce de frontera para llenar el baúl de productos que acá resultan prohibitivos o directamente inaccesibles. Y mientras los uruguayos llenan sus autos del otro lado, los comercios de Salto, Paysandú o Artigas agonizan.

En este escenario, la situación social empieza a tensarse. El desempleo crece tras las cortas zafras de citrus, arándanos y horticultura, y la crisis del frigorífico Somicar amenaza con dejar a decenas de familias en la calle. Todo ocurre en un norte que históricamente ha sido postergado, siempre esperando medidas que nunca llegan, siempre reclamando en vano que se lo mire como parte del país y no como un apéndice olvidado.

El problema ya no admite paños fríos. El gobierno nacional debe actuar con firmeza y urgencia. No se trata solo de reinstalar la tarjeta Recompensa, aunque sería un primer paso, sino de diseñar una política de fronteras clara, duradera y sensible a la realidad de quienes viven aquí. Porque si no se detiene la sangría, la crisis puede ser más profunda de lo que hasta ahora hemos conocido.

El norte está cansado. Y cada viaje al otro lado de la frontera no es solo un ahorro en la billetera: es un voto de desconfianza hacia un país que no supo, no quiso o no pudo defender a su propia gente.