De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se expone con crudeza lo que durante años se ha ocultado tras discursos y cifras maquilladas: el INAU, en varios departamentos de la región norte del país, ha fracasado estrepitosamente en su rol de garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Según datos relevados por el Mecanismo Nacional de Prevención, la mitad de los centros visitados en Artigas, Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó entre octubre y noviembre de 2024 registran vínculos de menores con redes de microtráfico, además de múltiples casos de explotación sexual infantil. Estas no son situaciones que ocurren al margen del sistema: suceden mientras los adolescentes están bajo la tutela del Estado. Es decir, en los espacios donde deberían recibir protección y contención.

Que esto ocurra ya sería gravísimo. Pero más grave aún es la constatación del informe de que los abordajes del INAU son, en muchos casos, “ineficientes e inoportunos”. Las intervenciones no llegan a tiempo, no tienen impacto real y, peor aún, a veces ni siquiera existen. 

Los adolescentes abandonan los centros en salidas no autorizadas y son captados por redes criminales. Algunos nunca regresan. Otros vuelven con daños físicos y emocionales profundos. Y hay quienes, como el adolescente de 15 años recientemente suicidado bajo supervisión del INAU, no logran sobrevivir al abandono institucional.

La situación en los departamentos fronterizos es más grave este drama: la falta de coordinación binacional, los vacíos legales y la ausencia de recursos humanos y técnicos, generan un escenario perfecto para que las redes de narcotráfico y explotación sexual operen con impunidad. Mientras tanto, el Estado observa, reacciona tarde o directamente mira para otro lado.

Resulta escandaloso que un centro de INAU haya registrado, entre 2022 y 2024, unos 14 casos de presunta explotación sexual, afectando a más de la mitad de su población. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la respuesta institucional que garantice la integridad de esos menores? La ausencia de mecanismos efectivos de prevención, reparación y no repetición constituye una violación sistemática de los derechos humanos de los niños y adolescentes a los que el Estado jura proteger.

El problema no es nuevo, pero se agrava año a año. Y no se soluciona con comunicados ni con planes de acción que no se ejecutan. Se necesita una reforma profunda del sistema de protección infantil y adolescente. Una reforma que incluya recursos reales, formación especializada, articulación interinstitucional y, sobre todo, voluntad política. 

Porque lo que está en juego no son estadísticas: son vidas.

Uruguay no puede seguir tolerando este nivel de negligencia. Cada omisión del INAU, cada inacción del sistema judicial o del sistema de salud, tiene consecuencias concretas, muchas veces irreversibles. El precio del silencio y la burocracia es demasiado alto.

Es hora de exigir responsabilidad. Y es hora, también, de cambiar un sistema que, lejos de proteger, ha sido cómplice del abandono.