El narcotráfico dejó hace tiempo de ser un problema ajeno, limitado a las grandes naciones productoras de drogas o a los territorios dominados por organizaciones criminales. Uruguay, aunque no produce cocaína, ocupa una posición estratégica en las rutas internacionales de la droga y enfrenta riesgos que no admiten indiferencia ni respuestas burocráticas. La advertencia es clara: ser un país de tránsito no significa estar a salvo.

En ese escenario, el ofrecimiento de cooperación de Estados Unidos constituye una oportunidad que el Gobierno uruguayo debería considerar con seriedad, sin prejuicios ideológicos ni reservas que terminen obstaculizando herramientas útiles para enfrentar un negocio criminal multimillonario.

El ofrecimiento norteamericano identificó dos vulnerabilidades centrales: la utilización de la infraestructura logística uruguaya, particularmente los puertos y las fronteras, para trasladar estupefacientes hacia otros mercados, y el aprovechamiento del sistema financiero y de los bienes para lavar dinero de origen ilícito. Son dos caras de una misma amenaza: por un lado, la droga que circula; por otro, las ganancias que buscan incorporarse a la economía formal.

El combate al narcotráfico no se resuelve únicamente con incautaciones, operativos espectaculares o detenciones que ocupan titulares durante unos días. Las organizaciones criminales se adaptan, modifican sus procedimientos y buscan nuevas rutas cuando encuentran obstáculos.

Como advirtió el diplomático, al ejercer presión sobre un punto, el tráfico puede desplazarse hacia otro. Por eso, la eficacia no depende solamente de golpear, sino también de anticiparse a los movimientos de quienes están dispuestos a encontrar nuevas formas de delinquir.

Que las redes criminales deban recurrir a procedimientos más complejos puede representar una dificultad adicional para ellas, pero no equivale a una victoria definitiva. La respuesta estatal exige inteligencia, controles eficaces y coordinación entre los organismos responsables.

La segunda dimensión del problema es igualmente preocupante. Uruguay tiene relevancia financiera en la región y esa condición, que constituye un activo para la actividad económica legítima, también puede ser aprovechada por quienes necesitan ocultar el origen de sus fortunas. Perseguir la droga sin investigar el dinero significa atacar una parte del negocio y dejar intacta otra fundamental. El lavado de activos permite financiar nuevas operaciones, adquirir propiedades y penetrar circuitos económicos legales. Por eso, la investigación patrimonial, el seguimiento de operaciones sospechosas y la coordinación entre organismos deben ocupar un lugar central en la estrategia nacional.

La advertencia sobre los recursos humanos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) merece especial atención. Si sus capacidades resultan insuficientes frente a la magnitud de las tareas, corresponde fortalecer los equipos y dotarlos de recursos y herramientas adecuadas. No se puede reclamar eficacia mientras se mantienen organismos que, por falta de personal, encuentran dificultades para cumplir plenamente sus cometidos.

La cooperación internacional no supone renunciar a la soberanía ni delegar en otro país las responsabilidades del Estado uruguayo. Significa aprovechar experiencia, información, tecnología y mecanismos de coordinación para enfrentar con mayores posibilidades de éxito un delito que no reconoce fronteras. Si la asistencia ofrecida por Estados Unidos puede contribuir a mejorar los controles portuarios, detectar operaciones sospechosas y seguir el rastro del dinero ilícito, Uruguay debe examinarla con pragmatismo y convertirla en resultados concretos.

La defensa de la seguridad pública, la integridad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía exige decisiones, recursos y una estrategia sostenida, más allá de los discursos y de las diferencias partidarias.

El ofrecimiento estadounidense merece ser evaluado sin prejuicios y aprovechado en todo aquello que resulte útil para el país. Pero la responsabilidad final seguirá siendo uruguaya. Porque, frente al avance del crimen organizado, lo verdaderamente peligroso no es solamente la capacidad de las organizaciones para encontrar nuevas rutas, sino que el Estado llegue tarde a cerrarles el paso