Hace unos días conversaba con una persona que llevaba varios meses intentando habilitar un pequeño emprendimiento. Nada del otro mundo. Ninguna obra faraónica, ningún proyecto millonario. Solo un comercio en blanco que le permitiera trabajar y generar ingresos. Mientras me contaba el periplo aparecían palabras conocidas para cualquiera que haya tenido que lidiar alguna vez con la administración pública: formularios, certificados, observaciones, expedientes, constancias, habilitaciones. Un organismo que pedía documentación emitida por otro organismo. Una oficina que exigía requisitos que ya habían sido acreditados antes. Meses de espera para obtener una respuesta que, a veces, consistía apenas en una nueva exigencia.

Cuando el Estado crea un nuevo impuesto, sabemos cuánto recauda y quién lo paga. La cuenta aparece en el recibo de sueldo, en la factura de un servicio o en el precio de un producto. Con los trámites ocurre algo distinto. También tienen un costo, a veces muy importante. La diferencia es que rara vez lo advertimos porque no se paga en pesos. Se paga en horas. Y el tiempo tiene valor. Lo tiene para el profesional independiente que deja de atender clientes durante una mañana para hacer una gestión. Lo tiene para el que tiene que cerrar su comercio algunas horas para ir a una oficina pública. Lo tiene para el productor que recorre varios kilómetros para presentar documentos. Lo tiene para cualquier trabajador que debe pedir permiso en su trabajo para cumplir con una exigencia administrativa. Sin embargo, ese costo nunca está incorporado en la ecuación.

Cuando una oficina pública crea un procedimiento suele calcular cuánto costará implementarlo (en el mejor de los casos). Cuántos funcionarios, qué recursos materiales, qué presupuesto. Lo que no he visto nunca que se calcule, es cuánto tiempo le llevará a los ciudadanos cumplirlo. Como si las horas de quienes están del otro lado del mostrador fueran gratis. Como si no tuvieran valor alguno. Todos hemos vivido situaciones de ese tipo. Una habilitación que demora meses. Un juicio trancado porque falta un documento. Un permiso que exige veinte gestiones. Una regularización que obliga a recorrer varias oficinas para presentar información que, en muchos casos, el propio Estado ya tiene. No se trata de eventos excepcionales, forman parte de la vida cotidiana de miles de uruguayos.

Hay algo curioso en el funcionamiento del aparato estatal. Cuando aparece un problema, la respuesta suele ser crear un nuevo control, un nuevo registro o un nuevo trámite. Lo que ocurre bastante menos es el proceso inverso. Pocas veces alguien se pregunta qué controles perdieron utilidad, qué registros no cumplen ninguna función relevante o qué procedimientos podrían desaparecer mañana sin afectar derecho alguno.

La enorme mayoría de esos requisitos nacieron con una finalidad legítima. Algún problema buscaban resolver. Algún abuso pretendían evitar. Alguna garantía querían asegurar. El problema es que las burocracias tienden a acumularse como una bola de nieve. Crear un trámite suele ser fácil. Eliminarlo es infinitamente más difícil. Existe además una diferencia abismal entre recaudar impuestos y generar riqueza. Los impuestos pueden redistribuirse. La riqueza primero tiene que existir. Y para que exista alguien tiene que trabajar, invertir, asumir riesgos y producir. Ningún expediente genera trabajo.

Ningún formulario aumenta la productividad de una economía. En el mejor de los casos pueden ordenar, controlar o brindar garantías. Pero la riqueza siempre nace en otro lugar. Por eso un país chico como Uruguay tiene que prestar especial atención a estos costos silenciosos. Hace décadas venimos discutiendo cuánto recauda el Estado y cuánto gasta. Es una discusión imprescindible. Pero capaz que es hora de preguntarnos también cuánto tiempo consume.

Porque cada hora que una persona dedica a cumplir una exigencia administrativa es una hora que no dedica a producir, invertir, estudiar, descansar o estar con su familia. Y aunque no aparezca en ninguna planilla presupuestal, ese costo existe. Y no es bajo. Los impuestos aparecen en las facturas. Los trámites no. Pero los dos tienen algo en común, los termina pagando el ciudadano.